Aunque una orden judicial autorizó el traslado de la jueza Lilian Moreno a un centro médico por razones de salud, el procedimiento no pudo ejecutarse este martes debido a que la disposición llegó fuera del horario administrativo a las autoridades del penal de Palmasola y de la Gobernación de Santa Cruz.
Fuentes de la cárcel de Palmasola informaron que la notificación para ejecutar el traslado ingresó esta tarde, pero ya estaban fuera del horario para activar el dispositivo de seguridad requerido. Por esta razón, la jueza deberá permanecer en el penal hasta que se reprogramen las gestiones necesarias para su salida.
Pese a la demora operativa, tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia expresaron su respeto a la determinación judicial, siempre que esté respaldada en argumentos médicos verificables.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, recordó que la detención preventiva de Moreno fue ratificada por una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que, aunque se ordene su traslado médico, el Ministerio Público no se opondrá si se respetan los procedimientos legales.
“Si la autoridad jurisdiccional determina que esta persona debe ser llevada a un hospital o clínica por razones de salud, vamos a ser respetuosos. Siempre está primero el derecho a la vida, como establece la Constitución”, declaró Mariaca.
También confirmó que la Fiscalía solicitó la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para verificar el estado de salud de la jueza.
Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, señaló que el Gobierno no interferirá en las decisiones del sistema judicial, salvo que se trate de resoluciones contrarias a derecho, como la que motivó la imputación contra Moreno.
“Nunca vamos a interferir en las decisiones judiciales, a menos que se trate de fallos arbitrarios o forzados, como la resolución que emitió la jueza Moreno para anular un proceso penal en curso”, manifestó.
No obstante, reconoció que el traslado por salud entra dentro del marco del debido proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos formales.
“Entendería yo que, si se han cumplido los procedimientos, no hay ningún problema. La detención preventiva fue determinada por 30 días ante riesgos procesales, pero si hay un informe médico serio, se debe atender”, agregó Siles.
Mientras se resuelve su posible salida médica, la jueza permanece recluida en el recinto penitenciario de Palmasola, donde cumple detención preventiva por el presunto delito de prevaricato.