El agua avanzó sin pausa durante la madrugada del jueves 19 de marzo y, al amanecer, Yapacaní ya no era el mismo. En la Faja Norte, los campos de arroz quedaron sumergidos bajo una lámina turbia que no solo cubre la tierra, sino también meses de trabajo. “Ahora se encuentran bajo el agua y es seguro que si esto continúa vamos a tener grandes pérdidas”, dice Luciano, productor de la zona, mientras observa cómo la maquinaria agrícola permanece detenida en el barro.
La escena se repite desde entonces en distintos puntos del municipio, donde la lluvia torrencial desbordó ríos, anegó caminos y dejó al sector productivo en estado de emergencia. En la Faja Central, la preocupación no es menor. Germán Vera, de la cooperativa Luna Vera, advierte que el puente sobre el río Víbora está a punto de colapsar. “Si se derrumba habrá graves problemas para los productores de leche, pues no podrán sacar su producción ni ingresar alimentos para el ganado”, alerta.
Más allá de la emergencia visible, el impacto comienza a sentirse en la base productiva del municipio, donde cada día de paralización implica pérdidas acumuladas, deterioro de cultivos y una creciente presión sobre la cadena logística que conecta el campo con los mercados.
Pérdidas económicas
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ya había advertido que la campaña de verano 2025-2026 sufrirá una caída de al menos 400.000 toneladas de soya, reduciendo la producción estimada de 3 millones a 2,6 millones de toneladas.
Este impacto no solo reduce ingresos por exportaciones, sino que también presiona la cadena interna de abastecimiento, encarece costos logísticos y compromete la liquidez de los productores, que deben afrontar créditos, insumos y obligaciones en un escenario de menor rendimiento y alta incertidumbre climática.
En términos económicos, esa merma productiva equivale a un golpe significativo para el sector. Considerando precios internacionales de referencia, la pérdida proyectada puede superar los 200 millones de dólares, a lo que se suman los daños directos por inundaciones en cultivos de arroz, ganadería y piscicultura en zonas como Yapacaní, donde aún no existe una cuantificación oficial, pero productores anticipan pérdidas adicionales de gran magnitud.
El presidente de Anapo, Abraham Nogales, explicó que la campaña estuvo marcada primero por una sequía y luego por lluvias intensas que complicaron la cosecha. En regiones clave como Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián, las precipitaciones superaron los 200 milímetros en apenas 48 horas, afectando cerca del 60% de la producción nacional.
Según el reporte técnico, unas 300.000 hectáreas presentan algún nivel de afectación y al menos 30.000 ya se consideran pérdidas totales. Este escenario no solo reduce volúmenes, sino que deteriora la calidad del grano y eleva los costos de producción, en un contexto donde Bolivia ya enfrenta uno de los esquemas productivos más caros de la región.
En Yapacaní, ese impacto adquiere rostro humano. Los caminos anegados impiden el ingreso de maquinaria y dificultan la salida de cosechas que ya estaban listas. Camiones cargados quedan varados entre rutas convertidas en lodazales y ríos crecidos, mientras los productores enfrentan el riesgo de perderlo todo. En el caso del arroz, el daño es inmediato: el exceso de agua acelera el deterioro del cultivo y compromete su valor comercial.
La situación también golpea a otros eslabones productivos. En la zona se reportan dificultades para abastecer de alimento balanceado al ganado lechero y a la producción piscícola. “Los piscicultores también van a tener problemas”, advierte Vera, al describir un escenario donde la interrupción logística amenaza toda la cadena productiva.
Pese a este contexto adverso, el sector oleaginoso sostiene que podrá cumplir con la demanda interna, estimada en 800.000 toneladas, y mantener su rol exportador con un excedente cercano a 1,8 millones de toneladas. Sin embargo, detrás de esas cifras persiste una preocupación estructural: la creciente volatilidad climática.
A nivel local, los productores coinciden en que el impacto económico inmediato no solo se mide en cultivos perdidos, sino en capital inmovilizado, créditos en curso y compromisos comerciales que difícilmente podrán cumplirse en los plazos previstos.
Mientras tanto, en Yapacaní, la urgencia es inmediata. Los productores miran al cielo con incertidumbre, esperando que las lluvias cedan antes de que las pérdidas sean irreversibles. Cada hora cuenta en un escenario donde el agua no solo inunda campos, sino que amenaza con arrasar el esfuerzo de toda una campaña agrícola.