La imputación formal contra los líderes cruceños que participaron en el paro de los 36 días en demanda de un censo transparente e inmediato ha generado divergencias en el departamento.
Paola Aguirre, asambleísta departamental por Creemos, expresó su preocupación por el aumento de los “abusos de poder” por parte del gobierno del MAS y lamentó la situación de los opositores en el país, afirmando que muchos arriesgan su futuro.
“El destino de todos los opositores en el país está en el cementerio, en la cárcel, o en el exilio. Ese es el futuro que le espera a los que verdaderamente forman parte de esta lucha y resistencia democrática”, dijo.
Además, cuestionó que no se haya convocado a una reunión de emergencia de la Coordinadora por la Defensa de la Democracia cuando el gobernador Luis Fernando Camacho fue imputado meses atrás. Argumentó que la Asamblea de la Cruceñidad debió haberse convocado desde el principio, cuando Camacho fue detenido preventivamente por su participación en la protesta.
“De esa manera se podía evitar que este proceso se siga ampliando a otras personas que han participado legítimamente de una protesta”, observó Aguirre.
La asambleísta destacó la importancia de que todas las instituciones representativas del departamento y los grupos de oposición, se unan en un proyecto conjunto para poder pugnar en las elecciones generales de 2025.
También hizo hincapié en la necesidad de contar con un padrón electoral justo, para evitar que el partido de gobierno, el MAS, continúe ganando las elecciones.
Sobre este punto, el Comité pro Santa Cruz sostuvo una reunión la mañana de este viernes con parlamentarios opositores cruceños para socializar y tratar el anteproyecto de ley Ñuflo de Chaves, en búsqueda de un nuevo padrón electoral biométrico, transparente y confiable.
Por su parte, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, criticó a Vicente Cuéllar, rector de la universidad estatal Gabriel René Moreno (Uagrm), por considerar que estaría capitalizando esta imputación por el paro por el censo para beneficio de una candidatura política personal.
“Resulta que ahora ya no le interesa el censo. Estoy muy molesto con el rector, cómo puede ser que le interese más su candidatura que el sacrificio del pueblo cruceño que paró 36 días para conseguir el censo nacional”, dijo Bazán.
El diputado fustigó duramente a Cuéllar señalando que muestra la “indeseable cara” utilitarista de los políticos sobre un sacrificio del pueblo en favor de fines políticos personales y le recordó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está pagando con cárcel al ser “el verdadero opositor al gobierno del MAS”. Antecedentes La mañana del jueves se conoció la imputación del Ministerio Público de La Paz contra Vicente Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por el paro de 36 días, ocurrido en 2022, que demandaba la realización del Censo de Población y Vivienda. Los supuestos delitos, de los cuales los acusan incluyen terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; atentado a la libertad del trabajo y desórdenes o perturbaciones públicas. Ante esta situación, la Coordinadora por la Defensa de la Democracia se reunió de emergencia la tarde del jueves y entre sus principales conclusiones está la de solicitar al Comité pro Santa Cruz a que convoque a una Asamblea de la Cruceñidad.
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La Fiscalía reactiva el caso, pide arresto contra líderes del paro de los 36 días y ven ‘manipulación política’El Gobierno justifica la acción judicial y el MAS la apoya. El rector Cuéllar aseguró que se trata de una estrategia “para cortarle las manos y los pies”, en un momento en el que organiza una alternativa política. Activistas piden aprobar medidas.