La Gobernación de Santa Cruz rechazó las observaciones planteadas por la bancada parlamentaria de Libre al proyecto de electrificación rural ejecutado junto a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y acusó a ese frente político de politizar una iniciativa social que beneficiará a más de 2.400 familias —unas 15.000 personas— que actualmente no cuentan con energía eléctrica en el departamento.
El asesor general de la Gobernación, Efraín Suárez, afirmó que el pedido de información presentado por ese frente político no responde a una preocupación técnica ni institucional, sino a intereses de campaña electoral. Recordó de este modo el contenido de una carta fue entregada por dirigentes políticos que se proyectan como candidatos para la Gobernación.
“Creímos inicialmente en la buena fe de quienes pedían información, pero hoy está claro que hay un partido político y un candidato detrás de esto. Lo que se está reclamando es que estamos llevando luz a más de 2.400 familias cruceñas que no tienen energía eléctrica”, sostuvo Suárez.
“No se vulnera la autonomía”
El funcionario negó de forma categórica que el convenio con ENDE implique una cesión de competencias autonómicas, como denunciaron sectores cívicos y legisladores departamentales.
Explicó que, si bien el Gobierno central financia y ejecuta las obras, es la Gobernación la que define los lugares específicos donde se desarrollan los proyectos y que, una vez concluida la infraestructura, esta será entregada a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), entidad que —remarcó— “es propiedad de todos los cruceños”.
“Decir que se vulnera la autonomía es totalmente falso. El marco autonómico se respeta y la institucionalidad no se altera”, insistió.
Deuda millonaria del municipio con la CRE
Suárez fue más allá y alertó sobre un problema que calificó como mucho más grave para Santa Cruz de la Sierra. Se trata de deuda superior a Bs 22 millones que mantiene el municipio cruceño con la CRE por la provisión de energía eléctrica.
Recordó que la cooperativa denunció públicamente que esta mora pone en riesgo el suministro eléctrico a hospitales, colegios, escuelas, mercados y el alumbrado público.
“Santa Cruz de la Sierra puede quedarse sin energía eléctrica en servicios esenciales. ¿Dónde están Libre y quienes reclaman que llevemos luz al área rural? ¿Por qué no exigen al alcalde Johnny Fernández que explique por qué se debe más de 22 millones a la CRE?”, cuestionó.
Según Suárez, la falta de energía eléctrica afecta directamente la calidad de vida. “Donde no hay luz, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay postas sanitarias. La energía eléctrica es un derecho y es calidad de vida”, subrayó.
Polémica por el convenio con ENDE
La firma del convenio entre la Gobernación y ENDE para proyectos de electrificación rural generó una fuerte polémica. El Comité pro Santa Cruz expresó su preocupación por el alcance de este entendimiento y pidió explicaciones.
Desde la Gobernación, sin embargo, reiteraron que el acuerdo no delega atribuciones, no modifica el modelo autonómico y busca acelerar inversiones para cerrar brechas históricas de acceso a la energía eléctrica en zonas rurales del departamento.
“Lo que se está haciendo es llevar luz a quienes nunca la tuvieron. Convertir eso en un conflicto político es irresponsable”, concluyó Suárez.