De acuerdo con el informe que la Fundación Levántate Mujer brindó a EL DEBER, en el Día Internacional contra la Trata de Personas, estos delitos son invisibles, debido a que no se los reconoce como tal y se mimetizan en otros delitos, como violación y feminicidio.
“La Trata de personas es un delito muy silencioso y no se tipifica regularmente como tal; eso lo convierte en un delito más peligroso, porque es un delito que no se visibiliza. Los casos que se registraron en Bolivia apenas llegan a 1.700 desde el 2019 hasta el primer semestre del 2022. Son muy pocos casos, señaló Alan Figueroa coordinador de la regional Santa Cruz. En Bolivia se conocen casos no tipificados, de niños que desaparecen y mujeres que salen a trabajar a otros países y terminan siendo víctimas de trata y tráfico con diferentes fines. Figueroa puso como ejemplo el caso ocurrido en mayo de 2021, cuando una joven de 26 años, de nombre Victoria Rojas Rojas, fue encontrada muerta en una calle, al lado de un lote baldío del barrio Primavera, a 6 km del área urbana de Yapacaní. En las investigaciones preliminares se supo que trabajaba en un local de expendio de bebidas alcohólicas y que nadie de su familia -que vive en Santa Cruz- sabía que ella estaba en Yapacaní. Fue una manilla que tenía en una de sus muñecas la que ayudó a identificar el local donde trabajaba, en el barrio Santa Rosa. Posteriormente se supo que la dueña de ese local se había quedado con sus documentos de identidad, debido a “una deuda”. Todas estas características pueden llevar a confirmar o a sospechar que se trataba de un caso de trata de persona, señala Figueroa; sin embargo, en la Felcv de Yapacaní, según la directora de ese entonces Tte. Yessenia Rea, las sospechas desde un inicio fueron de feminicidio y, al final, cuando se supo lo que en verdad había ocurrido, el caso se cerró con la tipología de atropello, seguido de muerte. La falta de datos estadísticos sobre estos delitos hace difícil saber el verdadero panorama en el que se encuentra Yapacaní, sin embargo la investigación realizada por la Fundación Levántate Mujer identifica que una de las zonas donde se dan estos hechos es el barrio Santa Rosa, que cuenta con varios bares, discotecas y lenocinios, donde se puede percibir presencia de menores de edad. En los últimos 12 meses, hemos identificado cinco casos de trata y tráfico de personas en Yapacaní. Sin embargo han sido tipificados como feminicidio o como pérdida, dos de los casos de menores, y tres de mayores; todos (fueron trata y tráfico de personas) con fines de explotación sexual puntualizó Figueroa. Detalló que de los más de 14 fines para los cuales se realiza el delito de la trata de personas, los más frecuentes son la explotación sexual comercial y la explotación laboral. En su último reporte bianual global sobre trata de personas, de 2020, la UNODC informó que en 2018 se registraron 50.000 casos de este delito en 148 países, aunque dada la naturaleza encubierta que tiene este fenómeno, la cifra puede ser mucho más grande. Bolivia actualmente es considerada como un país de origen, tránsito y destino de la trata, el tráfico de personas y delitos conexos, cuyos fines mayormente son la explotación sexual y laboral; la trata en el servicio doméstico, la zafra de castaña, y la zafra para la caña de azúcar; la explotación minera, y la trata con fines de mendicidad. Identifica que existen, al menos, tres rutas de salida de personas del país. La primera es hacia Argentina, por las rutas de Bermejo, Yacuiba y Villazón; la segunda es a Perú, por Desaguadero, y la tercera ruta es hacia Chile, por Colchane. El municipio de Yapacaní, situado en la provincia Ichilo, también se ve afectado con la trata de personas, puesto que es una zona de llegada y salida de víctimas, debido a su carácter de “municipio puente”. La denominación alude a su conexión vial con otros municipios y comunidades cruceñas y del departamento de Cochabamba. Por su parte, la responsable de los Servicios Legales Integrales Municipales (Slim), Deisy García, anunció que se realizaran talleres de prevención en el barrio donde se identificaron estos delitos. La Fundación de Levántate Mujer trabaja más de siete años en el municipio de Yapacaní y 15 años en Bolivia. Tiene oficinas en municipios identificados como zonas rojas, donde se cometen los delitos de trata y tráfico; estos son: Santa Cruz, El Alto, La Paz Oruro y Sucre.