Pese a los videos donde se observa a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intimidar y agredir a algunos bloqueadores, no existe ningún proceso penal abierto en su contra. Hubo dos denuncias presentadas, pero la Fiscalía Departamental de Santa Cruz desestimó una y observó la otra. La Gobernación cruceña anunció, mediante la Secretaría de Defensa Ciudadana, que brindará apoyo legal y asistencia sicológica a los afectados. El martes, EL DEBER publicó una nota sobre los abusos policiales denunciados por las personas que acataron el paro nacional que exige la anulación total de la Ley 1386 contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. En uno de los casos, que fue filmado por un medio de comunicación, se observa a un uniformado encañonar a un joven de 19 años en la zona del Plan 3.000. “Ese día (lunes por la noche) solo estaba ayudando a una señora que los policías habían gasificado. Como se ve (en las imágenes) yo no estaba con petardos o amedrentando (…) Quedé con traumas luego de que me apuntaron con un arma”, dijo el afectado en un video difundido en redes sociales. Según la víctima, los efectivos intentaron quitarle su bicicleta y subirlo a una patrulla. Añadió que fue golpeado y que su polera quedó rota luego de que lo jalonearon. “intentaron atentar contra mi vida”, agregó. En el otro hecho, registrado en martes en la zona de la Santos Dumont, Bartolomé Ardaya Solís (47), un hombre con discapacidad motora y cognitiva, fue empujado por un policía, que le reprochó por encontrarse en una acera, cerca de un punto de bloqueo. “Y así enfermo lo traen”, se escucha decir a otro efectivo, al darse cuenta que al afectado le costaba caminar cuando se levantó del suelo. “Me empujaron y ellos no saben que yo soy discapacitado. Estaba con mi hermano apoyándolo (en el paro) y ahí vienen los policías, me empujan y me tumban. Por eso se quebró mi celular, mire (muestra la pantalla dañada del dispositivo móvil)”, relató el hombre. Denuncia en la Fiscalía Ante estos hechos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió identificar y sancionar a los efectivos que participaron en “los abusos” contra las dos personas agredidas. Además, ayer por la mañana acudió a la Fiscalía departamental para presentar las denuncias formales contra dos uniformados por dichas agresiones. El joven que fue encañonado dijo estar en shock y prefirió no denunciar por temor a represalias. Sin embargo, Camacho, como primera autoridad del departamento decidió presentar la denuncia por los delitos de vejaciones y torturas. Por su parte, Ardaya decidió presentarse de manera voluntaria, acompañado de su abogado Jalid Eid, para dejar su denuncia formal contra el efectivo que lo empujó. Eid apunta a una extralimitación de las funciones policiales y reconoce que la víctima se encontraba en una zona de bloqueo, pero ubicado fuera de la calzada y que en ningún momento agredió a los uniformados. Para Camacho, estas actitudes vandálicas no son correctas y, por tanto, deben ser denunciadas. Con estas denuncias se pretende poner en consideración un hecho delictivo que tiene que ser investigado de oficio por la fiscalía. Sin procesos abiertos EL DEBER se contactó este viernes con el fiscal departamental, Roger Mariaca, para conocer los avances investigativos en estos dos casos. Mariaca informó de manera escueta que la denuncia sobre el joven de 19 años fue rechazada, mientras que la de Ardaya fue observada. La comisión de fiscales rechazó el primer proceso porque tras hacer una evaluación de la documentación presentada, se determinó que los delitos denunciados (vejaciones y torturas) no habían sido cometidos contra el joven, quien fue encañonado por un efectivo en el Plan 3.000. Sobre la observación en la segunda denuncia del hombre con discapacidad, Mariaca se limitó solamente a decir que “será explicada en la notificación que emita el fiscal asignado”. Además, añadió que no existen otros procesos abiertos contra efectivos policiales. “No hubo más denuncias contra policías, solo esas dos; una fue rechazada y otra observada. Por lo tanto, no existen procesos abiertos contra efectivos. Sin embargo, si existen personas que creen que sus derechos fueron vulnerados (durante los bloqueos), los invitó a que denuncien, pues la Fiscalía iniciará investigaciones trasparentes, como lo anuncié días atrás”, agregó el representante del Ministerio Público. Esta determinación de la Fiscalía para con las denuncias no cayó bien en la Gobernación cruceña, que mediante la secretaria de Defensa Ciudadana, Alejandra Serrate, anunció que insistirán con los procesos penales para buscar justicia para las dos personas afectadas. Serrate indicó que el lunes se enviará una carta al Ministerio Público para conocer la valoración que realizaron los fiscales para no admitir las denuncias que fueron presentadas este jueves. “Tras conocer los pormenores, el equipo jurídico de la Gobernación brindará asesoría a los abogados de las víctimas para subsanar la observación del caso e insistir con el otro”, agregó. Además, señaló que los afectados quedaron con daños sicológicos tras las agresiones que sufrieron de parte de policías, producto de ello el joven de 19 años aún se encuentra en “shock” y prefirió no denunciar por temor a represalias.
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