La fiscalía departamental de Santa Cruz determinó anexar la denuncia de concejalas por el presunto delito de violencia política que pesa en contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, a la investigación que se inició de oficio por la destrucción de los bienes del Concejo Municipal que se registró el fin de semana.
Las concejalas Silvana Mucarzel, Karina Orihuela, Lola Terrazas y Edith Ávalos llegaron el martes al Ministerio Público para formalizar la denuncia contra el alcalde Jhonny Fernández; su hijo, el concejal Luis Miguel Fernández Rea, y los funcionarios de su entorno José Alejandro Farah Eguez y Luciano Negrete Aguirre.
“El ataque fue deliberado, un atropello contra la democracia y un acto de violencia política. Nosotras estábamos intentando ejercer nuestras funciones en el Concejo, y fuimos agredidas física y verbalmente por grupos afines a UCS (Unidad Cívica Solidaria)”, denunció Silvana Mucarzel, secretaria del Concejo.
Según informaron a EL DEBER, esta denuncia fue analizada —como lo anunció el fiscal departamental, Alberto Zeballos— y se determinó que sea anexada a la investigación de oficio por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa e incluso robo agravado, si se confirma el hurto de artefactos en dependencias municipales.
“El Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, ya se encuentra trabajando en la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos actos vandálicos. No vamos a permitir que por peleas políticas o en favor de algún color partidario se destruyan bienes que pertenecen a todos los bolivianos”, indicó el fiscal general del Estado Róger Mariaca.Presentaron otra denuncia Esta investigación por el deterioro del Concejo Municipal la desarrolla el fiscal Gomer Padilla. Este miércoles, los concejales Israel Alcócer y Silvana Mucarzel se adhirieron al proceso presentando una nueva denuncia. “El día de hoy, junto con mis colegas concejales, hemos presentado denuncia ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) del Plan 3000, por los daños ocasionados en las oficinas del Concejo Municipal, el pasado domingo 4 (de mayo). Como es de conocimiento público, el matonaje político y sus grupos pagados hicieron varios destrozos en la infraestructura y equipamiento del Ente Legislativo, en su intento por impedir la realización de la sesión de elección de Directiva”, informó Mucarzel. El conflicto se originó cuando las autoridades municipales intentaron ingresar al edificio del Concejo para elegir la nueva directiva. Ante la toma del inmueble por simpatizantes de UCS, se vieron obligados a sesionar en un edificio alterno —la Casona 1— donde, pese a los intentos de sabotaje, lograron designar a Israel Alcocer como presidente del Concejo, José Antonio Alberti como vicepresidente, y Silvana Mucarzel como secretaria general. “Se espera que las investigaciones y procedimientos correspondientes establezcan la identificación y responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de estos destrozos”, indicó Mucarzel.