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Expertos y líderes indígenas analizan decreto que amenaza áreas protegidas en Bolivia

Martes, 24 de junio de 2025 a las 10:26

Una reunión convocada por el Comité de Gestión de Áreas Protegidas se realiza este martes para evaluar el Decreto 5390, criticado por habilitar asentamientos ilegales, cambios de uso de suelo y centralizar la gestión forestal.

Este martes, 24 de junio, una reunión extraordinaria convocada por el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas del Chaco, la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía Sur (CGAPCHCHPA) reúne a expertos, académicos, líderes indígenas y representantes de organizaciones ambientalistas en Santa Cruz de la Sierra. El fin es analizar el alcance del Decreto Supremo 5390, promulgado el pasado 14 de mayo.

El objetivo del encuentro, que se desarrolla durante toda la jornada, es evaluar el impacto de esta normativa, cuestionada por permitir la legalización de asentamientos ilegales y el cambio de uso de suelo en zonas protegidas. Pese a su lenguaje técnico-conservacionista, especialistas advierten que su implementación amenaza directamente la integridad de reservas forestales y los derechos territoriales de pueblos indígenas.

"Una ley desastrosa" y un llamado a la acción

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Se consolidó este espacio para analizar esta ley que afecta al medio ambiente boliviano | Fotografía: Limber Cambará 

Desde las 9:00 de la mañana, los participantes iniciaron la jornada con una presentación a cargo de Humberto Jorge Vargas, presidente del CGAPCHCHPA, acompañado por Carmen Miranda (SAVIA), quienes explicaron los alcances del decreto. A su vez, Alcides Vadillo expuso sobre las normativas vigentes de ordenamiento territorial.

La alarma se ha desatado debido a que, a pesar de su lenguaje aparentemente conservacionista, la normativa permitiría la legalización de asentamientos ilegales y cambios de uso de suelo en áreas protegidas, comprometiendo el equilibrio ecológico del país.

Entre las actividades clave, se destaca la redacción y firma de un pronunciamiento conjunto por parte de los miembros del CGAPCHCHPA, con el apoyo técnico de Clínica Jurídica y la lectura final a cargo de Zoila Zeballos.

Organizaciones ambientalistas ya habían advertido que el Decreto Supremo 5390 es “desastroso” y que “invita a la deforestación de lo poco que nos queda”. Zonas como la Reserva Forestal El Choré, que en los últimos años ha sufrido flexibilizaciones progresivas, son vistas como ejemplos del riesgo real de aplicar esta normativa.

Derechos indígenas y crisis hídrica en la Chiquitania

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Fotografía: Limber Cambará 

Por la tarde, se abordará el taller sobre "Construcción de Documento sobre Vulneraciones a Derechos Indígenas en la Región Chiquitana". Roxana Arancibia abordará los lineamientos para el documento y la historia del Convenio 169 de la OIT, enfatizando la importancia de la consulta previa a los pueblos indígenas.

El Decreto 5390 ha sido criticado por no realizar una consulta previa adecuada, lo que vulnera el Convenio 169 y el papel de los pueblos indígenas como "guardianes ancestrales" de los bosques.

Asimismo, Carlos Pinto (FAN) discutirá el "Derecho a la Conservación del Medio Ambiente – Incendios en la Chiquitania", un tema de gran urgencia en Bolivia, que se encuentra entre los países con mayor deforestación a nivel mundial y que ha sufrido incendios devastadores en los últimos años. 

Dentro del programa también están Mónica Guzmán y Fredy Rivero (SAVIA), quienes presentarán una propuesta de ley municipal ante la "Crisis hídrica en la Chiquitanía y resistencia local", un problema directamente relacionado con la deforestación que podría intensificarse con la aplicación del nuevo decreto. Rivero estará también a cargo de las conclusiones y el cierre.

Escenario de alta preocupación

La centralización de la gestión forestal, la permisividad para el cambio de uso de suelo y la legalización de actividades ilegales marcan un escenario de alta preocupación sobre el Decreto Supremo 5390. Este encuentro, busca analizar las amenazas y generar un pronunciamiento contundente que incluya propuestas para proteger el patrimonio natural y los derechos de las comunidades que dependen de él.

La sociedad civil y las organizaciones ambientales están en alerta máxima, conscientes de que el futuro de los bosques bolivianos y el equilibrio ambiental del país están en juego.

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