La reunión que se desarrolló en el Centro de Educación Ambiental (CEA), entre representantes de la Gobernación y de los comunarios de Porongo y otros municipios, que hacen vigilia en las afueras del edificio del Gobierno departamental, continuará este martes para determinar si existen o no acuerdos en relación con la Ley 208, que declara zona de protección a Urubó-Güendá. Los comunarios piden la abrogación de esa norma, porque consideran que afectan sus derechos como propietarios de tierras, ya que existen restricciones. De acuerdo con el vicegobernador, Mario Aguilera, la reunión sirvió para aclarar dudas acerca la ley y para compartir las cuatro alternativas de construcción de carretera, que la Gobernación propone, en las cuales, la reserva acuífera de la zona se respeta. Aguilera reconoció el derecho a la protesta de los comunarios, pero pidió evitar las agresiones. Por otro lado, manifestó la predisposición para perfeccionar la ley o a elaborar una nueva, y a realizar análisis técnicos en el lugar, Por su parte, Fernando Vásquez, vocero de los comunarios, evitó asegurar si existe un consenso entre las partes. La vigilia en el edificio central de la Gobernación continuará y las decisiones se resolverán en asamblea con las bases. Alrededor de las 20:00 nuevamente se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y activistas que impedían que los primeros volvieran a asentarseen la vereda de la Gobernación, pero fueron controlados por la Policía, según informaron desde el Gobierno departamental. Más temprano, la Gobernación criticó al alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, por no querer cumplir la Ley 208, con el argumento de que la desconoce. Tanto el gobernador, Luis Fernando Camacho, como el asesor, Efraín Suárez, cuestionaron esa postura. Asimismo, reafirmaron que la abrogación no es una opción. Mendoza, por su parte preguntó por qué escondieron esa ley, promulgada el 10 de marzo de 2021, es decir, en la gestión de Rubén Costas. El alcalde de Porongo sostuvo que esa ley no ha sido consensuada y que perjudica a los habitantes de su municipio. “El 70% del territorio municipal está inviabilizado, ¿cómo vamos a proyectar el progreso y desarrollo de nuestro municipio? Afecta a intereses públicos y privados y viola la autonomía municipal porque no podemos proyectar programas para nuestro municipio”, declaró. Mendoza indicó que 23 comunidades y más de 3 mil comunarios resultan afectados. Según dijo, la Ley 208 “condena a Porongo a la pobreza”. Por otro lado, indicó que -contrariamente a las acusaciones de la Gobernación de que responden a intereses económicos de urbanizadores- el Municipio porongueño no ha aprobado ninguna urbanización. El alcalde de Porongo manifestó que han pedido diálogo en varias oportunidades con la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, pero que no han obtenido respuesta. Sin embargo, tanto Suárez como Camacho manifestaron que, el pasado miércoles 5 de octubre, los técnicos de ese municipio se reunieron con los técnicos de la Gobernación, quienes les habrían explicado lo referido a la Ley 208 y las reservas hídricas que se encuentran en la zona por donde la carretera Buena Vista – Las Cruces pasaría, según la ABC. Ambos funcionarios departamentales cuestionaron la aparente falta de comunicación entre el alcalde de Porongo y sus subordinados. Asimismo, sostuvieron que, en realidad, el alcalde de Porongo busca beneficiar a las empresas urbanizadoras. “Quieren meter carretera para beneficiar a quienes se encuentran al lado del trazo de la carretera, que son los ‘vendelotes’; esa es una realidad”, afirmó Camacho, a tiempo de señalar que la provisión de 2,5 millones de litros de agua al día para los cruceños, viene de los acuíferos que se encuentran en el área protegida Urubó-Güendá, que protege la Ley 208.
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