La diputada María René Álvarez considera que el anuncio del peritaje internacional sobre la construcción del polémico tramo carretero Las Cruces - Buena Vista solo fue una cortina de humo, al hacer una clara referencia a la Sentencia Constitucional 0076/2023, del Tribunal Constitucional que quita competencias a la Gobernación sobre las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural, el principal argumento para oponerse a la construcción de esa carretera.
"Parece que el gran pecado que cometimos es haber nacido en esta tierra. Nos encontramos ante una flagrante vulneración de derechos, comenzó diciendo Álvarez en una entrevista realizada este miércoles en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.
Para la diputada de Creemos, no deja de ser menos importante la consolidación del centralismo, que no permite ejercer de manera plena las autonomías y que somete al Tribunal Constitucional para afectar lo más sagrado para los cruceños: el agua, la vida, el medioambiente. Esto marca una definición de lo que hará el centralismo de aquí en adelante, indicando quién tomará o no agua, añadió.
Aseguró que, tras conocer la sentencia, los legisladores cruceños se movilizaron para poder establecer los mecanismos jurídicos correspondientes; sin embargo, la sentencia constitucional es muy amplia y bien profunda en el sentido de vulneración. Hay que estudiarla con lupa y de manera exhaustiva, para poder precautelar nuestro patrimonio natural. No creo en las casualidades, esto era el as bajo la manga del Gobierno para indicar que quien manda es él. Este acuerdo para hacer un peritaje internacional (al tramo carretero) fue una cortina de humo, añadió. De acuerdo con la explicación de la legisladora, el caso se inició hace siete años y no había tenido procedimiento, porque los vocales del TCP se excusaban; sin embargo, (las autoridades) esperaron hasta agosto de este año para activarla y en septiembre el TCP dicta la sentencia, que es desfavorable a los gobiernos autónomos. Este dictamen, según Álvarez, anula muchas potestades y competencias de los gobiernos autónomos departamentales, así como de los 56 municipios del departamento cruceño. Son 11 UCPN, son más de 4 millones de hectáreas que no solamente están en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino en todo el departamento, lo que involucra también a los municipios, dijo la diputada.