No hubo acuerdo entre los pobladores de la localidad de Santa Fe, perteneciente al municipio de San Carlos, y los representantes del Consejo de la Magistratura, de la Fiscalía y de la Policía Bolivia, pese a que se reunieron por más de una hora este jueves. Por este motivo, los vecinos de la zona determinaron suspender el cuarto intermedio y continuar el bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con el trópico de Cochabamba hasta que se atienda su pliego petitorio de 11 puntos, entre los cuales exigen la destitución y sanción para los jueces que liberaron al infanticida Ruddy Yáñez Villavicencio, quien ya ha recibido tres sentencias. En la reunión estuvo René Cáceres, coordinador de la Fiscalía departamental; Nilo Torrejón, subcomandante de la Policía de Santa Cruz; Ángel Morales, comandante de la Policía Rural y Fronteriza; Juan Carlos Medina, Laura Céspedes y Jhimmy Durán como representantes del Consejo de la Magistratura; además de dirigentes vecinales y de sectores sociales de la provincia Ichilo. Beltrán Mamani, presidente Federación de Juntas Vecinas de Santa Fe, explicó que este bloqueo se instaló para exigir justicia por la muerte del menor de 9 años, en manos de Ruddy Yáñez,quien fue liberado por la justicia en dos ocasiones, pero que recientemente ya recibió sentencia por esos dos procesos y otra por infanticidio. Mamani pidió a los representantes del Consejo de la Magistratura que destituyan a los jueces María Luisa Saavedra y Simón Alarcón, que otorgaron libertad bajo medidas sustitutivas a Yañez en años anteriores, lo que benefició a este acusado para volver a caminar por las calles de Santa Fe y poder asesinar al niño de 9 años. Sin embargo, Laura Céspedes explicó no se podía suspender de manera inmediata a una autoridad de justicia y explicó que se debe llevar previamente un proceso disciplinario, en donde se determinará si cometieron o no alguna falta disciplinaria. Agregó que antes se realizó una auditoría a los dos procesos penales en los que fue beneficiado Ruddy Yáñez y que los resultados serán remitidos al Consejo de la Magistratura el lunes, y que en base a ello se determinaría si se iniciaba un proceso disciplinario o penal contra los dos jueces que ordenaron la libertad. Por su parte, Cinthia Castellón, dirigente vecinal de Santa Fe, afirmó que el bloqueo instalado en la ruta que conecta Santa Cruz con el trópico de Cochabamba se mantendrá de manera indefinida, debido a que no se llegó a un acuerdo con los representantes del Consejo de la Magistratura, pues estos señalaron que no tienen poder para destituir de manera inmediata a los jueces de Yapacaní. De esta manera, se dio por concluida la mesa de diálogo y los delegados de la Fiscalía, de la Policía y del Consejo abandonaron Santa Fe, mientras que los pobladores retomaron el punto de bloqueo y anunciaron que radicalizarán esta medida. A este bloqueo, se le suma el apoyo de la Asociación de Abogados de la provincia Ichilo, que anunciaron que respaldarán las determinaciones de población, las cuales fueron plasmadas en un voto resolutivo que consta de los siguientes 11 puntos: 1.- Abrir casos de niños desaparecidos. 2.- Celeridad en las investigaciones por la desaparición del profesor de música. 3.- Toma pacífica de la Fiscalía. 4.- Toma pacífica del juzgado de Yapacaní. 5.- Destitución inmediata de los jueces (María Luisa Saavedra y Simón Alarcón) que liberaron a Ruddy Yáñez Villavicencio. 6.- Destitución inmediata del fiscal Daniel Bejarano y otros fiscales por incumplimiento de deberes. 7.- Auditoria de las causas de Felcv radicadas en Yapacaní. 8.- Abrir querellas contra fiscales, jueces y policías, por consorcio y prevaricato. 9.- Exigir reconstrucción de los hechos, en el caso del niño asesinado de 9 años, para que se capture a todos los involucrados o encubridores. 10.- Reunión para tratar estos puntos con: el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; con el fiscal departamental, Róger Mariaca; con el representante del Consejo de la Magistratura, Olvis Égüez; con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Freddy Larrea; con el ministro de Justicia, Iván Lima, y con la coordinadora nacional de Justicia de Control Social, Darly Franco. 11.- Que se elabore y apruebe el proyecto de ley de penas de muerte, cadena perpetua y sumatorias de condenas, en casos de violación a niños y niñas menores de 12 años.
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