José Antonio Mendoza, jefe de Comunicación y Prensa de la alianza política Comunidad Autonómica (C-A) en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, recibió cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de Palmasola por supuestos cobros irregulares a funcionarios municipales, a denuncia de la Alcaldía. Hay repudio a la medida fiscal y miembros del ejecutivo municipal niegan que se trate de una revancha política por la detención de Andrea Forfori.
“Disponiendo que el señor gobernador del centro de rehabilitación interne al imputado en un establecimiento especial régimen abierto PC 4, debiendo ser tratado en todo momento como inocente”, dice el mandamiento de detención firmado por el juez Primo Flores.
La audiencia de medida cautelar inició ayer a las 15:00 en el Palacio de Justicia. El detenido usó su derecho de guardar silencio. Comunidad Autonómica informó que la imputación del Ministerio Público no tenía identificado a los denunciantes y reclamaron que esto “coarta flagrantemente el derecho al debido proceso”.
El viernes se realizó un operativo policial con más de 20 uniformados y cinco patrullas para aprehender a Mendoza quien también sería la mano derecha del excandidato a la Alcaldía Gary Áñez.
El concejal José Alberti cuestionó el “mega operativo” para capturar a un hombre inocente. “La acusación es falsa y burda indicando que este funcionario ofrecía ítems y se pagaban a través de QR. Le decimos a Jhonny Fernández que deje su odio a esta bancada, esta es una arremetida y venganza porque hemos mandando a Palmasola a cuatro de sus funcionarios altamente corruptos y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
La decisión fiscal también causó el rechazo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz que denunció presuntos abusos cometidos en la aprehensión, ya que no se habría dado una notificación previa al comunicador para que se presente a declarar de forma voluntaria.
El fiscal Róger Mariaca explicó que el cumplimiento al mandamiento de aprehensión se ejecutó por los delitos de beneficios en razón del cargo y concusión. Según la denuncia, Mendoza pedía un supuesto aporte de Bs 300 mensuales a funcionarios municipales para fondos de la alianza Comunidad Autonómica.
En el proceso cursan citaciones en calidad de testigo para los concejales de C-A Marcelo Vidaurre y Juan Carlos Medrano, que deberán prestar su declaración informativa el miércoles 22 en la Fiscalía Departamental.
Bernardo Montenegro, asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos, afirmó que la denuncia se hizo hace tiempo porque hallaron una serie de “irregularidades” en cobros, transferencias y uso de QR de la bancada de C-A.
“Esperemos que el Ministerio Público consiga la documentación que se debe requerir a través de la ASFI para establecer con exactitud cuántas de estas transferencias interbancarias se ha hecho. Lamentablemente los concejales están acostumbrados a decir cualquier barbaridad sin sustento, aquí no hay ninguna revancha”, aclaró y agregó que en el caso Forfori también son denunciantes.
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