Una presunta irregularidad en el proceso de incineración de más de 119 kilos de cocaína en Santa Cruz derivó en la aprehensión de un funcionario policial, luego de que controles internos detectaran inconsistencias entre la sustancia incautada y los paquetes destinados a su destrucción.
El hecho ocurrió este 1 de abril en el municipio de Cotoca, durante un acto oficial correspondiente al caso SC-X-35/26, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutaron controles sorpresa que permitieron evidenciar que los paquetes no coincidían con la droga secuestrada días antes.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que el operativo responde a una estrategia interna para garantizar transparencia y combatir la corrupción dentro de la institución. “No vamos a tapar nada ni a nadie”, enfatizó, al confirmar la aprehensión de un implicado.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Gobierno de Bolivia, la irregularidad fue identificada en la fase previa a la incineración, tras una prueba de campo realizada en el lugar. De inmediato, se activaron protocolos de resguardo de evidencia y se puso el caso en conocimiento del Ministerio Público.
El procedimiento se llevó a cabo bajo dirección funcional de la Fiscalía y con la presencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que participó en la verificación de los hechos y dejó constancia de lo ocurrido.
Las autoridades informaron que se recolectaron muestras representativas que serán analizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses y el Centro de Investigaciones Técnico Científicas en Seguridad (Citesc), con el objetivo de determinar la naturaleza, cantidad y alcance de una posible sustitución de la sustancia.
De acuerdo con los antecedentes, el caso involucra un total de 119,2 kilogramos de cocaína incautados el pasado 24 de marzo, cuya verificación pericial continúa en curso.
Justiniano remarcó que la detección de este hecho demuestra que los controles internos están funcionando y reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción. “No hay espacio para proteger a nadie que traicione la institución”, sostuvo.
El caso se encuentra en plena etapa investigativa bajo la dirección del Ministerio Público, que deberá establecer responsabilidades penales en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control en la lucha contra el narcotráfico en el país.