La asambleísta Mavy Darinka Pedraza, en conferencia de prensa, pidió que la Gobernación destine Bs 35 millones presuepuestados para el prediario de los privados de libertad, para el Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos), que tiene a su cargo la administración de decenas de centros de acogida con menores de edad, adultos mayores, adolescentes, comedores populares, entre otros.
“La Gobernación está asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Desde 2009, mediante decretos, el Gobierno Nacional nos impone la carga de cubrir ítems y gastos que debería financiar. Solo en prediarios se destinan 35 millones de bolivianos, recursos que deberían invertirse en medicamentos, agua, luz y alimentación de nuestros hogares de acogida”, señaló la también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
La legisladora advirtió que más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad están en riesgo, debido a la falta de recursos. “Se han firmado convenios que garantizan apenas tres meses y 20 días de funcionamiento. Más allá de eso, no sabemos cómo se cumplirá. Esta es una crisis humanitaria. Exigimos al Gobierno Nacional que asuma sus competencias y devuelva los recursos que le pertenecen a Santa Cruz. Si no se plantea una propuesta seria de pacto fiscal, esta Gobernación se verá obligada a cerrar sus puertas”, declaró.
En cuanto al área de salud, Pedraza informó que la Asamblea participó en las mesas de diálogo convocadas por la Brigada Parlamentaria, donde autoridades del sector expresaron desesperación ante la situación crítica.
“La Gobernación destina más de 200 millones de bolivianos para pagar profesionales médicos que atienden a la población cruceña. Esos recursos deberían ser cubiertos por el Gobierno Nacional, según lo establece la Constitución desde 2009. Nosotros deberíamos encargarnos del equipamiento e infraestructura, no del personal”, indicó. Pedraza lamentó que desde 1980 no se haya construido un hospital público en Santa Cruz con recursos nacionales. “El último hospital lo construyó JICA, la cooperación japonesa. Ni siquiera fue obra del Gobierno boliviano. Esto refleja el abandono al que estamos sometidos. Es momento de exigir lo que por derecho le corresponde a Santa Cruz, para dar una respuesta digna a nuestra gente que hoy espera atención en los hospitales”, concluyó la asambleísta.