Desde obras sin terminar hasta aspectos contractuales con la empresa constructora impiden la habilitación del hospital de tercer nivel de Montero, que urge ponerlo en funcionamiento ante un posible desborde de los casos de coronavirus en el departamento. Esta situación llevó hoy al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a presentar una acción popular para que la justicia ordene su apertura.
El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, indicó que tiene listo al personal que será contratado, pero repara en que la obra no puede ser recibida por la Gobernación porque hay varios problemas que deben ser resueltos por el Estado, entre ellos la "traba ‘contractual que se tiene con la empresa constructora. Sucede que el contrato no contempla una entrega parcial o provisional de la obra, por lo que si esto no es subsanado, quienes la recepcionen pueden tener problemas legales futuros.
También se debe oficializar el traspaso de la obra a manos de la Gobernación a través de la firma de un convenio entre la Gobernación y el Gobierno, lo que a su vez viabilizará la asignación de recursos para la contratación personal y la puesta en funcionamiento del hospital.
Urenda explicó que todos aspecto fueron abordados el pasado sábado en una reunión virtual que sostuvo con autoridades del Ministerio de Salud y representantes de la empresa, en la que también se habló de que hay obras que deben ser concluidas a la brevedad posible, como la instalación de gas para la cocina y la conclusión del área de la morgue. “Necesitamos que se destrabe de una vez los temas legales y administrativos para que nos asignen los recursos y poder entrar al hospital de Montero. Es fundamental este centro, pues son 200 camas y 12 respiradores. Nosotros venimos trabajando arduamente con el gobernador ampliando camas en los hospitales de tercer nivel de Montero, pero necesitamos refuerzo del Gobierno nacional para complementarlas”, dijo Urenda. El alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, cree que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se apresuró al anunciar la apertura del hospital para el pasado 18 de mayo, ya que hay pasos administrativos que deben cumplirse, entre ellos conformar un comité de recepción de obra, el cual debe verificar que la empresa haya cumplido con las especificaciones del contrato y, si hay observaciones, debe velar porque estas sean subsanadas durante el plazo de garantía que tiene toda obra. Hurtado asegura que es el más interesado que se habilite el hospital, pero cree que no deben obviarse los procesos administrativos más aún cuando se sabe que la obra tiene más de 200 ítems observados. El burgomaestre apunta a que el recurso presentado por el gobernador Costas busca que el Gobierno nacional acelere este proceso y da su pleno respaldo a la autoridad departamental. La mirada de un jurista El gobernador Costas indicó hoy que la acción legal no es en contra de una persona en particular, sino que la realiza para viabilizar los trámites que permitan la atención de pacientes con Covid-19 en el norte integrado de Santa Cruz. “Es una acción en favor del ciudadano y de la vida”, remarcó la autoridad. Al respecto, el abogado Jodael Bravo explica que una acción popular tiene que ser presentada necesariamente contra alguien” que esté vulnerando derechos constitucionales, en este caso el acceso a la salud pública. En sentido, cree que el recurso busca ejercer presión para dar que el Estado accione medidas para destrabar lo que sea que esté impidiendo la habilitación de la obra. Si el problema son obras sin terminar, Bravo cree que el mejor camino sería concertar con la empresa para llegar a un consenso y, si es necesario, firmar una adenda al contrato.