Cumpliendo una resolución de la autoridad competente, este jueves, efectivos policiales desalojaron a unas 30 familias, que estaban asentadas en un área de dominio municipal, destinada a equipamiento y dónde habían levantado viviendas precarias.
En el desalojo se notó resistencia de la gente para abandonar el predio, argumento que habían hecho mejoras y que eso les daba derecho propietario. Ello obligó a la Policía a ejercer la fuerza pública.
"Son seis hectáreas las afectadas y la mayoría de los ocupantes son gente de otro lugar", indicó a El DEBER, Haiver Eguez Guzmán, ex representante del Control Social del municipio. Además remarcó que gran parte de la institucionalidad puenteña están en apoyo al Gobierno Municipal para que se proceda con la acción de desalojo.
Luego de la expulsión, un grupo de vecinos, instalaron una vigilia en el lugar para evitar que los ocupantes vuelvan a los predios.