Defensoría del Pueblo pide a la Gobernación y la Alcaldía controlar las guarderías para evitar agresiones a menores

Este jueves, la Defensoría del Pueblo, en el marco de la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, interpeló a las autoridades departamentales y municipales de Santa Cruz, por las agresiones físicas que sufrió un niño en una guardería de la ciudadela Villa Primero de Mayo.

“Las autoridades de la Alcaldía Municipal y del Gobierno Departamental, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, tienen la obligación de velar por el cuidado de las niñas y niños; pero qué hicieron respecto al seguimiento y control de las guarderías infantiles, cuando su tuición es contar con el personal altamente capacitado para tratar a las niñas y niños en etapa pre escolar. Ahí está la cuestión, como parte del Estado, ellos deben garantizar el bienestar de la niñez”, cuestionó Sheila Gómez, delegada defensorial.

Según Gómez, tras la agresión que sufrió un niño el 20 de noviembre, velando por el debido proceso, la Defensoría del Pueblo tomó contacto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito Municipal de la Villa Primero de Mayo y la Fiscalía Departamental, esta última instancia imputó a la presunta agresora, de iniciales P. F. C., por el delito de violencia familiar y doméstica, y la justicia ordenó su detención preventiva de 180 días en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.

“Más allá de esta intervención, existe otra que se realiza a las autoridades departamentales y municipales, respecto al control y seguimiento de estas guarderías particulares que deben contar con personal capacitado para atender a niños y niñas”, indicó la delegada defensorial.

Respecto al trabajo de control en espacios educativos pre escolares, Gómez informó que, en reuniones pasadas con representantes departamentales y municipales, se detectó que la gran mayoría de estos establecimientos no cuenta con una licencia de funcionamiento específico y funcionan con licencias genéricas otorgadas por el municipio.

“Las instituciones deben definir las competencias entre municipio y gobernación, y realizar un control constante de los establecimientos”, recomendó Gómez a tiempo de señalar que el seguimiento a este tipo de casos será de forma permanente.

Para denuncias sobre vulneración de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo tiene habilitado de forma permanente la línea gratuita 800-108004 y el WhatsApp 72006607.