"(...) o lo entrega (la documentación del mercado Mutualista) el señor Fernández hasta el 3 de mayo o él (Mamén Saavedra) va a tener que entregarlo; y si se niega a entregarlo vamos a hacerle la misma acción penal. En este momento el señor Fernández tiene medidas cautelares, si no cumple con la entrega lo revocan y lo vuelven a mandar a Palmasola. Aquí lo que se está cumpliendo es la ley", disparó Waminqa Serrano, abogado defensor de la familia Crapuzzi.
Antecedentes
Más temprano, desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra confirmaron que se entregará los papeles del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi y así cumplir con la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3 del 19 de junio de 2024, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que determina la cesión de los predios del centro de abastecimiento.
Así lo confirmó pasado el mediodía de este jueves, 09 de abril, el vocero de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, quien manifestó que se realizaron todas las acciones legales desde el nivel local hasta el nivel nacional para presentar las quejas sobre el fallo del TCP.
Los concejales reaccionaron
Por su parte, los concejales acordaron emitir un comunicado de censura por la entrega de la documentación sobre la propiedad de los terrenos del mercado Mutualista a un particular. Además, con el voto unánime de los 11 concejales presentes, pedirán una investigación de Transparencia ante las supuestas irregularidades cometidas por personal de la Oficina de Archivo.
Más allá de la unanimidad con la que se asumieron las decisiones, este jueves la sesión se desarrolló en un ambiente tenso.
La versión de los Crapuzzi
Al respecto, el abogado Serrano criticó las reacciones de los legisladores. "Critico a los concejales que van y amedrentan a los mandos inferiores. Usted tiene que obedecer porque le están mandando de arriba. Entonces ellos han recibido órdenes porque hay una sentencia que dice que se debe cumplir. Y hay una sentencia constitucional, no recuerdo el nombre, del año 2022, que dice que los funcionarios públicos o las personas que no hayan sido accionadas, pero que es deber de esas personas, depende del cumplimiento de la sentencia, deben hacerlo", explicó.
Según el jurista, con esta acción se "está marcando es un precedente que es para que el Estado no vuelva a abusar de las personas".