Durante la sesión del Concejo Municipal de este martes se aprobó realizar una auditoría “externa y especial” en tres principales áreas de la gestión pasada de la Alcaldía cruceña, donde se habrían detectado algunas irregularidades con el manejo de los recursos económicos. Los concejales determinaron destinar un presupuesto del POA del próximo año para financiar la auditoría que se centrará en el proyecto del Sistema de Transporte Rápido (BRT), en Emacruz y el contrato de la basura y en la Secretaría de Recaudaciones del municipio. “El BRT va costando más de Bs 150 millones, ¿por qué se gastó tanto dinero?, si en vez de generar una solución causaron un problema, un caos vehicular en todo el primer anillo de la ciudad”, señaló el concejal de Demócratas, Manuel Mamen Saavedra. Saavedra comentó que el contrato del recojo de basura es “el más caro de la historia del municipio, y tal vez del país”, debido a que en un principio se lo realizó por cinco años con Vega-Solví a un costo de mil millones de bolivianos. “Luego se lo amplió el contrato por dos años y al mismo precio y el año pasado se lo amplió nuevamente hasta la próxima gestión manteniendo el costo, pese a que la empresa no está realizando de manera efectiva su trabajo”, puntualizó el concejal. Sobre la investigación a la Secretaría de Salud, Saavedra dijo que se habrían registrados algunos desvíos de dinero y manipulado el sistema para favorecer a algunas personas, lo cual será indagado en la auditoría externa. “La auditoría será externa y especial para que se la realice de manera imparcial y obtenga resultados objetivos. Con esto buscamos sentar precedente para que los funcionarios públicos sepan que su actuar debe ser enmarcado en las normas y que el manejo de los recursos se lo debe realizar de manera transparente, mucho más en esta situación de la pandemia donde se han disminuido los ingresos”, señaló el concejal de Demócratas. En la sesión también se tocaron otros dos temas de manera formal; el primero es sobre el cambio de los reglamentos internos para la elección de la directiva del Consejo Municipal. En el otro punto, siete concejales estuvieron de acuerdo (dos del MAS, tres de C-A y uno de Demócratas) en la modificación de la ley de contratos municipales que fue cambiada en 2014, con lo que se pretende que el Consejo vuelva a ser quien revise, apruebe y fiscalice las licitaciones.
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