“El consenso, al que hemos llegado con los representantes de los entes gubernamentales, es que todas las acciones que deban tomarse, en materia de movilización ciudadana, serán coordinadas y organizadas, en coordinación entre todos”, manifestó Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, después de su reunión con los asambleístas departamentales, este jueves. Los asambleístas acudieron al Comité cívico ante la sentencia constitucional que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz número 98, que merma atribuciones al gobierno departamental en temas medioambientales. El cívico reafirmó la emergencia departamental, en defensa del medioambiente, y manifestó que primero agotarán todos los recursos legales existentes, antes de convocar a la población. Larach indicó que el próximo lunes, el ejecutivo departamental presentará un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Departamental para reemplazar a la Ley 98. La primera conclusión que fue leída en conferencia de prensa señala que la mencionada sentencia constitucional tiene un carácter político, que desnaturaliza y pretende cercenar todo el régimen competencial de las autonomías y, en ese sentido, advierten al pueblo boliviano que esa acción del gobierno central es un atentado a las autonomías de toda Bolivia. Antes de ingresar a la reunión, la asambleísta por la alianza Creemos, Paola Aguirre, afirmó que era urgente que, desde la casa moral de los cruceños, convoquen a una Asamblea de la Cruceñidad, dejando en claro que la sentencia constitucional no es un tema político sino de afectación a la población cruceña.
Desde el Comité pro Santa Cruz respaldan las acciones de las instituciones departamentales en el ejercicio de las competencias autonómicas. Indican que el Gobierno Autónomo Departamental, a través de sus representantes, ha manifestado que, contrariamente a la intención política de la sentencia constitucional, seguirá legislando y ejerciendo sus competencias autonómicas en materia de tierra, territorio y medio ambiente para cuidar el agua y la vida de todos los cruceños.
Como cuarta conclusión entre los cívicos, asambleístas y diputados cruceños, acuerdan que la sentencia constitucional pretende crear legislación nacional para arrebatar las competencias autonómicas. En ese sentido, los parlamentarios se comprometen a no entregar la autonomía al gobierno central.
“Asimismo se encuentran preparando un juicio de responsabilidades a los magistrados responsables de tan ilegítima sentencia”, indica.
Fernando Larach remarcó que priorizarán el ejercicio de las competencias autonómicas, y que se coordinarán acciones de movilización las cuales serán anunciadas oportunamente a la población.
“Las autoridades debemos tomar conciencia de agotar todos los esfuerzos posibles, que pesan en nuestras espalda; la ciudadanía está cansada de salir a las calles a protestar y ser reprimida por el Gobierno. Asumamos nuestras responsabilidades e informemos a la ciudadanía de los alcances de nefasto precedente, que pretende sentar el Tribunal Constitucional”, dijo Aguirre como respuesta a la consulta de si está entre las posibilidades de convocar a un paro.
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