El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se inició un proceso penal, por el 'caso Mutualista', en contra del alcalde de la capital, Jhonny Fernández. El burgomaestre será citado a declarar en calidad de denunciado por el supuesto delito de desobediencia a resoluciones de amparo constitucional.
“La denuncia ha sido contra la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (de la Sierra), estamos hablando del ciudadano Jhonny Fernández, en ese sentido, es de que la investigación se ha activado por el presunto delito de desobediencia a resoluciones de amparo constitucional”, detalló.
Zeballos inició el proceso penal el 17 de enero debido a que la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitó que se remitan los planos y documentos catastrales del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, lo cual no ha sido cumplido pese a que la resolución constitución fue emitida en julio de 2024.
Los 11 concejales que conforman el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra también serán citados a declarar por el incumplimiento de este fallo constitucional, pero ellos lo harán en calidad de testigos. También deberán dar sus testimonios, en calidad de testigos, los representantes de los gremialistas del mercado Mutualista.
“Ya se han emitido todas las directrices de investigación por parte del fiscal asignado al caso, en este caso adscrito a la Fiscalía Especializada en persecución de delitos de corrupción, para activar todas las investigaciones necesarias y pertinentes a efectos de poder recolectar, tanto declaraciones testificales de los 11 concejales que han sido accionados, como así también de la asociación de gremialista que también ha sido parte interesada dentro de la acción de defensa”, informó.
Jhonny Fernández es el único denunciado en este proceso penal que se inició por el incumplimiento de la resolución constitucional que ordenó que se entregue los documentos del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi.
“Se convocará de manera inmediata a la máxima autoridad ejecutiva como parte sindicada o es decir como parte denunciada a efectos de poder también, por parte del fiscal asignado al caso, definir esta situación jurídica previa a recepción de su declaración y también a efectos de poder recolectar todos los elementos como pruebas documentales que se encuentran también en antecedentes en la sala de garantías constitucional”, explicó el fiscal.
Zeballos evitó afirmar o descartar si se emitiría una orden de aprehensión contra el alcalde, en caso de que no se presentase a declarar; sin embargó, aclaró que el fiscal asignado evaluará su declaración y los elementos colectados para emitir una resolución.