Tres dirigentes interculturales son buscados por la Policía, luego que un tribunal de sentencia emitiera órdenes de aprehensión en su contra para que respondan por graves delitos penales en el marco del caso Las Londras, un ataque armado ocurrido en 2021 en el que periodistas, policías y trabajadores civiles fueron víctimas de violencia.
El tribunal de sentencia de Concepción, conformado por los jueces Ramón Quiroga, Rosa Victoria Copa y Elvio Cuéllar Claure, ordenó la captura de Nicolás Ramírez Taboada, Martín Tejerina Villalobos y Heber Sixto Canaza Sacaca. Los tres deben comparecer ante la justicia por los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, secuestro, robo agravado, tenencia o portación ilícita de armas de fuego, amenazas, atentado contra la libertad de prensa y organización criminal.
La orden del tribunal se basa en una investigación realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público, tras el ataque que tuvo lugar el 28 de octubre de 2021. Ese día, una delegación conformada por periodistas, policías y obreros civiles fue emboscada por un grupo armado y encapuchado, que los agredió con disparos de armas de fuego, piedras y palos en los predios de Las Londras, Guarayos.
Inicialmente, más de 30 personas fueron investigadas como parte del grupo agresor. Sin embargo, la pesquisa concluyó que cinco dirigentes interculturales habían liderado la toma violenta del predio. De ellos, tres no se presentaron a ninguna de las audiencias judiciales, motivo por el cual fueron declarados rebeldes y se activaron las órdenes de aprehensión, las cuales ya fueron entregadas al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz por la Fiscalía.
Los otros dos acusados, Paulino Camacho y Nelson Rivadeneira, también pertenecientes al movimiento intercultural, sí asistieron a la audiencia inicial del juicio la semana pasada, por lo que continúan el proceso judicial en libertad, aunque con medidas cautelares. La ausencia de los tres declarados rebeldes obligó a cancelar las audiencias programadas en Concepción.
El ataque a la prensa
El expediente del caso, uno de los más extensos en la jurisdicción cruceña, documenta los testimonios de las víctimas. Según estas declaraciones, cuando la delegación llegó al predio agrícola, fue interceptada por los avasalladores armados, quienes redujeron a los presentes y los obligaron a caminar con las manos en la nuca hasta un galpón, mientras los encapuchados realizaban disparos al aire.
Los periodistas relataron que fueron obligados a tenderse boca abajo y que los agresores caminaron sobre sus cuerpos. También fueron golpeados con puños, patadas y cachazos de armas. En medio altas temperaturas, los agresores simularon ofrecerles agua.“Se reían de nosotros. Descubrimos que lo que nos dieron era agua sucia. Fue humillante”, relató entre lágrimas uno de los comunicadores durante la reconstrucción ante una comisión de fiscales.
La comisión permaneció secuestrada por más de siete horas. Finalmente, los periodistas, policías y obreros fueron obligados a firmar un acta comprometiéndose a no regresara esa zona. Paradójicamente, esa misma acta fue presentada por los acusados como parte de su defensa, pero ahora se ha convertido en una prueba.
La investigación ha contado con el respaldo jurídico de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y la labor de la abogada Raquel Guerrero, quien ha acompañado el proceso desde el primer día. Las víctimas esperan que el juicio concluya con condenatoria ejemplar.
“Este hecho de ultraje debe ser castigado para que nunca más se repita. No se puede permitir que se agreda a la prensa ni a quienes cumplen su deber en el campo”, afirmó Guerrero.