Tras las aprehensiones al exsecretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera y el presidente de la empresa Chuturubí, de línea 17 y 18, Percy Rojas, sin previa notificación, el pasado miércoles 9 de marzo. Este viernes se desarrollará la audiencia de medidas cautelares por presunto favorecimiento en la concesión de buses, dentro del caso BRT II, que determinará la situación legal de los implicados.
Los aprehendidos llegaron enmanillados y escoltados por la Policía al Palacio de Justicia a tempranas horas de la mañana para aguardar su audiencia de medidas cautelares en el juzgado cuarto de anticorrupción del Dr. Juan José Quiroz. Antes de ingresar, Ribera aseguró que su aprehensión es un pedido de algunos transportistas y políticos, por lo cual se defenderá ante las autoridades judiciales.
“Estamos aquí por el encargo de transportistas y políticos, no tiene fundamentos el informe de supervisión que emitió la Contraloría. Es más, nosotros en el mes de enero instruimos un memorial donde arrimamos una serie de pruebas que no fueron tomadas en cuenta y ahora las vamos a mostrar de nuevo ante el juez”, señaló Ribera.
Por su parte, el asesor legal de la Alcaldía cruceña, Jimmy Montaño, en conversación con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, explicó que este caso surgió de un informe de la Contraloría del Estado que revisó todo el proceso de contratación de la concesión de buses entre el municipio y la empresa Chuturubí y estableció que fue un proceso amañado y direccionado, por lo que la Fiscalía abrió un proceso penal, distinto al caso BRT I, donde se investigan alrededor de 13 contratos.
“En este proceso fueron beneficiados la Asociación Civil Chuturubí, donde radica la ilegalidad de estos actos. Ellos se establecen legalmente en 2019 cuando el requerimiento de la convocatoria exigía tener más de 10 años de antigüedad. Además, se adjudica el contrato de concesión el 27 de febrero de 2020 pero el 22 de agosto de 2019 ya suscribió un contrato con la empresa Crown que representa a la empresa que fabrica los buses que vinieron para el BRT”, dijo Montaño.
Respecto a las cuestionadas aprehensiones sin previa notificación, aseguró que la Fiscalía y la Policía tienen la facultad de proceder con la aprehensión directa. Además, dijo que no descarta que se aperturen los casos BRT 3 y 4, debido a que las investigaciones y la revisión de contratos continúa.
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