El ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se pronunció este martes, luego que la Justicia lo sentenció a cuatro años de cárcel por un proceso que data de 2005, relacionado a la compra de terrenos en la zona del Plan Tres Mil.
Junto a él también fue condenado el ex alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Roberto Fernández, en el que la jueza Gabriela Cuéllar Velasco dictó una pena de cinco años dentro del mismo proceso.
“Hoy una vez más hemos sido sometidos al servilismo político de parte de la jueza Gabriela Cuéllar Velasco, dictando una sentencia irracional, incongruente y política”, expresó Calvo a través de sus redes sociales. Apuntó a la jueza Cuéllar de poner en duda su capacidad para asumir un cargo y por “jugar con la vida, la libertad, la familia, la salud y la economía de las personas” que caen en su juzgado. Rómulo Calvo y Roberto Fernández fueron acusados por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Más temprano en esta jornada, el abogado del excívico, Martín Camacho, informó que este proceso lleva 18 años, data de 2005, cuando Calvo y Fernández estaban a cargo de la Alcaldía cruceña. En esa gestión, Rómulo Calvo, fungiendo como alcalde interino, firmó unos documentos de expropiación y pagos de unos terrenos para beneficiar a los damnificados de la riada en 1983, asumiendo tal decisión ante el mandato del Concejo Municipal. Indicó que a pesar de haber obtenido dos resoluciones absolutorias en el proceso, el Viceministerio de Transparencia reactivó el caso hace tres años, coincidiendo con la asunción de Calvo como presidente del Comité pro Santa Cruz. Esta expropiación se inició hace más de 40 años, cuando Calvo tenía solo 8 años de edad. Su única participación fue firmar los protocolos de pago a los dueños originales de estas propiedades, explicó Camacho. En la misma publicación, el ex presidente del Comité Cívico afirmó que es momento de dar “muerte civil en la sociedad cruceña” a estas personas vestidas de jueces”. “¿Hasta cuándo vamos a tolerar a este tipo de administradores de Justicia? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar a una Justicia sometida al poder ejecutivo?”, cuestionó. El jurista Camacho manifestó que una vez sea notificados con la sentencia, en 15 días presentarán el recurso de apelación restringida en el que espera que el Tribunal Departamental de Justicia revoque la sentencia de la jueza. EL DEBER intentó comunicarse con Roberto Fernández para conocer su versión, sin embargo, el mismo no atendió el requerimiento periodístico.