Giseli Cuéllar es cacique de actas de la comunidad Pailoncito, que se encuentra en conflicto por la tierra con las bartolinas.
Hace poco, los habitantes de Pailoncito viralizaron imágenes de ellos metidos en el monte, de noche, tras un operativo del fiscal de Pailón, Camilo Velásquez, con la Policía, para proceder al desalojo, ya que las bartolinas tienen resolución de asentamiento y ellos no. Sin embargo, según los comunarios de Pailoncito, ellos son los originarios, los que habitan la tierra.
Giseli Cuéllar, cacique de actas de Pailoncito, habló de su experiencia con EL DEBER, del ofrecimiento de reubicación de parte del INRA, del extravío de su libro de actas comunal, y de la presencia de funcionarios públicos en esta disputa por 248 ha ubicadas en Pailón.
- ¿Por qué hay un acta de pre acuerdo en el que ustedes se abren a la reubicación?
El acta esa la firmaron nuestros dirigentes y no nos dieron otra opción porque querían que sí o sí aceptemos que nos reubiquen, ya que a ellas (bartolinas) no las quieren mover de ahí, siendo que se comprobó, mediante los abogados y las autoridades orgánicas de nuestra estructura, que han violado todas las leyes para aprobar esa resolución que les dieron a las bartolinas, a quienes les aprobaron el asentamiento estando nosotros posesionados, viviendo nosotros en ese predio. - La dirigencia dice que ustedes no especificaron el lugar donde pidieron el asentamiento... - Según la dirigencia de ustedes, el INRA dijo que la solicitud de las bartolinas es de 2014... Es mentira que la solicitud de las bartolinas sea de 2014, ellos la acomodaron así, no tienen hoja de ruta de 2014. Los de Cañada fueron los que solicitaron en 2012, pero ellas ni siquiera conocían, si ellas han llegado al lugar cuando tuvieron su resolución en mano, con GPS. Encima los del INRA dicen que no tienen nuestros documentos, que los perdieron, siendo que en 2016 entregamos carpetas completas, pero sí tienen todo lo de las bartolinas, por eso dicen que aceptan que completemos documentos. En la reunión que sostuvimos, los del INRA a nosotros nos atacaron y a ellas (bartolinas) les dijeron que solicitaron en 2014 y que como tienen resolución no hay nada que opinar, a ellas no les preguntaron nada. De nosotros dicen que nada tienen, yo quisiera que hagan una inspección, fueron a una inspección en el lado de ellas el 5 de junio y no la hicieron valer porque cuando fue Quenallata, técnico del INRA, no había más que tres personas, solo uno de los comunarios y dos caseros, después eso anda vacío. Únicamente van cuando hay inspección del INRA y de la ABT llegan en camiones y llevan a la montonera de gente. - ¿Pidió al INRA ver los documentos presentados por las bartolinas? Incluso ellas están divididas, anoche mandaron las cisternas de la Alcaldía con agua para los comunarios que se quedan de caseros, se lo han vendido a dos comunarias de ahí, que se han hecho pozos de agua, entonces cómo es que llevan agua en cisternas de la Alcaldía, no comparten el agua ni con los comunarios de su lista. - 248 ha para 68 familias de las comunidades Bartolinas 1, 2 y 3. Equivalen a seis hectáreas para cada familia. Tienen 68 familias en su lista. Cómo es que en una sola resolución tienen a tres comunidades y ella, Felipa Yalily Montenegro, de las bartolinas de Pailón, aclaró que no son tres comunidades, sino una sola. Tengo el video de que ellas hacen montaje hasta de que siembran, compran las cosas y las llevan, los alimentos. Aparte hay irregularidades, la presidenta del Concejo de Pailón, Elsa Quisbert, es una comunaria, presidenta de esas comunidades a las que el INRA les dio la resolución. ¿Acaso los funcionarios públicos pueden acceder? Ella está en la lista y aparece en el video. Ellos quieren apantallar que viven ahí, recién han estado estos días porque estamos aquí, ellas entran a su lado ahora. Nosotros vivimos acá desde 2016. - ¿Habrán solicitado ellas antes? Ese fiscal que nos tiene de acá para allá y hasta ahora no quiere entregar nuestros documentos de la comunidad ni los celulares, y todo eso pasó el martes 20 de julio, cuando nos mandaron a la Policía, y el miércoles 21 también nos mandaron una montonera de policías, pero ese día nosotros hicimos las denuncias en la prensa, así que no llegaron hasta la comunidad, se volvieron. Si no hubiéramos denunciado que estábamos en el monte, y a la Cidob que vino y nos grabó, la señora Pura Cichipa, Lázaro Tacoó, Daniel Rutani de Tierra y Territorio, la señora Aidée, Lucrecia, fueron siete personas las que llegaron a apoyarnos, los llamábamos porque nos mandaron a la Policía y nos escondimos, porque si nos pillaban nos iban a arrollar, nos mandaron siete camionetas de policías. - ¿Quién ordenó su desalojo? Estamos molestos y no sabemos qué hacer, tendremos que tomar cartas en el asunto, ya está bueno. La pareja de comunarios que se llevaron, ella está embarazada, necesitaba su carnet para sus controles en el hospital, el carnet se lo devolvieron recién, pero el celular no hasta ahora, ni el de su esposo. Tampoco han devuelto las carteras con documentos y llaves y celulares de los demás, que la Policía se trajo de allá. No sabemos quién los mandó. Cuando tuvimos la primera reunión en el INRA, cuando nos citaron para enfrentarnos con las bartolinas, estaba Felipa Yalily Montenegro, ella testificó que mandó a la Policía, es la ejecutiva de las bartolinas, la causante de todos estos problemas de avasallamientos porque es quien lleva a esta gente a avasallar las tierras. Quisiera que dé a conocer que el 26 de julio nosotros hemos presentado la carta al Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, solicitando la devolución de nuestros documentos, celulares y papeles de nuestra comunidad, nuestro libro de actas, dijeron que en 48 horas darían respuesta. Fuimos en ese plazo y nos mandaron a la Fiscalía de Pailón, que nos mandó a la Felcc de Pailón, y el de la Felcc de Pailón nos dio el número de un subteniente Alarcón que dijo que no le había llegado resolución, notificación de nuestro caso y que no tenía conocimiento de nada. - Tras el pre acuerdo, ¿qué respondieron al INRA sobre la reubicación que les sugirieron? - ¿Tienen abogado? Foto: Giseli Cuéllar, la cacique de actas de Pailoncito - ¿Confían en sus dirigentes y organizaciones indígenas? Los vemos de azules en estas reuniones, vemos a Justo Molina por el Chapare. La señora Pura, que es nuestra dirigente, además de Ignacio Parapaino, para ellos era mejor que aceptemos porque acortábamos tiempo y costos. Pura Cichipa e Ignacio Parapaino nos dijeron que el INRA nos envió esa propuesta de que nos daban las 84 ha, a 4 km del trillo, por donde entrábamos a nuestra comunidad. Del trillo dicen que es a 4 km y 500 metros a la derecha. Por ahí está todo alambrado, el INRA aseguró que nosotros no iríamos a pelear y que a ellos les tocaba esa parte de informar, llevar las cartas a esos propietarios, dijeron que nos llevarían ya censados y que nos entregarían nuestra resolución de asentamiento. Pero qué pasa si ese propietario no quiere ceder, además, cómo que mejor tierra si serían de a cuatro ha, acaso es mejor eso, por eso no aceptamos. Aparte de que ninguno de nosotros quiere salirse de Pailoncito. Nuestras bases no están confiando mucho en los dirigentes por la presión de ese día para que sí o sí aceptemos la reubicación. Nosotros somos originarios, nacidos y criados en Pailón, por qué no las reubican a ellas, que solo tienen los titulares. ¿Cómo podemos confiar en nuestros dirigentes? - No son los únicos casos de sobreposición en los que interviene la justicia ordinaria, también está Ebenezer. Quieren amedrentarnos, que les dejemos libres el camino, que nos rindamos, pero no lo haremos, nos mantenemos firmes en nuestra posición hasta que consigamos quedarnos ahí y que las reubiquen a las bartolinas. Hay abuso al quitarnos cédulas de identidad, celulares, hacernos ir y no entregarnos, dijeron que los celulares los llevaron para hacer desdoblamiento, ni que fuéramos asesinos o narcos, están abusando de nuestros derechos. - Usted denunció a una concejal de Pailón - Ustedes vinieron a Santa Cruz para participar en la reunión entre el INRA y la Cidob ¿Cómo les fue? Nos dijeron que solo podían pasar dos personas para coordinar, me sentí muy mal al llegar a la Cidob y que nos cierren la puerta, creo que lo hicieron en represalia de nuestros dirigentes porque mandamos a la prensa el acta de respuesta al INRA donde no aceptábamos la reubicación, desde entonces no nos llamaron más, creo que no les importa nuestro problema. Ellos se estaban poniendo de acuerdo. Cuando nos fuimos ese día a la esquina de la Cidob para esperar el micro y regresar a Pailoncito, entonces abrieron la reja a los demás. Hemos esperado llamadas y nadie se pronunció, hicieron esa reunión callados en la Cidob, ya nos dimos cuenta de que están negociando ellos los territorios de la Chiquitania desde hace tiempo, dejando sin nada a los originarios. No sabemos qué hacer, supuestamente son las autoridades en las que debemos confiar, las mismas que nos presionaban para aceptar la reubicación, y ese día en la Cidob pasaban por nuestro lado, como Ignacio Parapaino, y ni siquiera nos miraban. Lo único que pedimos es que nos dejen en paz, vivir tranquilos. También queremos que quede constancia pública de que se llevaron nuestro libro de actas, que tenía información importante de la comunidad. Pedimos con cartas la devolución a la Fiscalía y Policía y no lo entregan.
Sí, es cierto que nosotros solicitamos las 1.528 ha sin especificar dónde, pero las bartolinas en su solicitud piden 10.920 ha, y como pillaron ahí… El INRA nunca nos atendió para dar curso a nuestra solicitud, más bien pillaron esas 248 ha en las que ya nosotros vivíamos, estábamos asentados, y esas les dieron por encima de nosotros, así les aprobaron la resolución. Políticamente las han favorecido a ellas y nosotros tenemos nuestra solicitud desde 2016; el INRA dijo que aceptaba que nuestra solicitud no fue atendida hasta ahora.
Quise sacar fotos en la reunión y me dijeron que no podía y me hicieron apagar mi teléfono. Cuando les dijimos de la hoja de ruta en 2014, no nos dejaron ni nos mostraron nada, hicieron oídos sordos a todo, lloramos de rabia cuando salimos de esa reunión.
- Ya pasaron dos años de la resolución de asentamiento de las bartolinas...
Les dijimos todo eso y dicen que no lo toman en cuenta, están empeñados en hacerles valer a toda costa la resolución a las bartolinas, dejarlas tranquilas y movernos a nosotros donde les dé la gana. Lo expusimos y lo minimizaron, evadían el tema, solo respondían que ellas ya tenían la resolución.
Cuando nos asentamos no había nadie, ni solicitud en el INRA, nosotros solicitamos primero, nosotros somos de Pailón, somos 20 familias. A nosotros nos apresaron a una pareja y hasta ahora no les devuelven el celular. Acá nos tienen a vueltas, que de la Fiscalía pasaron el caso a la Felcc, ayer todavía fuimos a la Felcc y nos dieron el nombre del sargento que tiene el caso, llamamos al sargento, dice que no le ha llegado nada de resolución, que no lo notificaron y nada sabe. Así nos tienen, ya cuánto tiempo que tienen los documentos de los comunarios, se trajeron hasta el libro de actas de nuestra comunidad, los documentos de la comunidad, nuestros papeles, los policías, el fiscal de acá de Pailón, llamado Camilo Velásquez. Es el fiscal que fue allá y maltrató a la comunaria, le quitó su documento, se llevó a la pareja a Pailón y recién los largó a la una de la madrugada. Además se llevaron la credencial de un indígena que participó en la décima marcha indígena.
Ya hemos mandado carta al Comando Departamental para saber quién nos mandó a la Policía, al fiscal también le pedimos, nos dijeron que en 48 horas de la anterior semana, porque la carta la presentamos el lunes 26 de julio y hasta ahora nos dan respuesta ni nos devuelven los documentos de la comunidad.
Ya tenemos nuestra respuesta, la enviamos a la Cidob, que se encarga de llevarla al INRA. No aceptamos que nos reubiquen, ningún comunario está de acuerdo porque ya estamos acostumbrados ahí, llevamos nuestros víveres.
Hasta nos ofrecieron en Charagua, allá lejísimo, y sin consultar a los guaraníes, ¿creen que nos iban a dejar allá?¿Acaso les consultan para meternos a esos comunarios?
No tenemos abogado, los de la central chiquitana querían que sí o sí aceptemos la reubicación, nos incitaron el segundo día de reunión que sostuvimos en el INRA. Ese pre acuerdo que está circulando por todas partes, firmada en el INRA, es un posible acuerdo preliminar, así lo dijo el abogado que nos acompañó ese día de la reunión.
Eso que nos ofrecieron no es mejor lugar, como dicen, porque es en un recorte que están haciendo a una propiedad. Nos quieren sacar de donde estamos para mandarnos a pelear con otra propiedad, le están recortando a un privado. Dijeron que si nosotros aceptábamos, recién el INRA iría a llevarles la carta a esos dueños de la propiedad que está sembrada con trigo, iban a llevarnos a pelear con otra gente. No sabemos de quién es la propiedad, solo dijeron que nos darían 84 ha y que de ahí nos tocarían de a 4,2 hectáreas, de las 13 a 14 hectáreas que nos tocarían acá donde estamos.
Elsa Quisbert es presidenta del Concejo por el MAS, como ellos son supuestamente 68 familias en su resolución, dividiendo les toca de a 3,7 ha, eso. En esa lista de familias beneficiadas de las bartolinas también está la que era candidata a diputada Elizabeth Santos, todas son masistas, y varias trabajan en la Alcaldía, también está la hija de Felipa Yalily Montenegro. La líder de las bartolinas en Pailón está metida en el tráfico de tierras. Sabemos que tenía tierras en Lomerío y que los comunarios la sacaron porque sacó la madera de esa zona.