"Es de conocimiento, a través de los medios de comunicación, que Bajo Paraguá, de casi un millón de hectáreas, estaba ya siendo avasallada (ocupada ilegalmente) tras ser declarada área protegida. Con ese nombramiento, todo trámite debe realizarse en consenso con el Municipio. Lamentablemente, el actuar de este Gobierno nacional es contrario a la protección del medioambiente, ya que siempre se pasa por encima de los derechos de la gente del lugar, dijo Roly Franco, presidente del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, a tiempo de confirmar que, tras las denuncias de las autoridades de la zona, el asentamiento fue levantado.
El senador Richard Ribera, también informó que el asentamiento se había retirado. Es lógico que nos preocupa el tema y también viajamos a San Ignacio por esa razón. Una comisión ya nos informó que fue levantada tal ocupación ilegal. Nuestra posición es clara con respecto a este tema, somos quienes representamos al ciudadano y velamos por nuestros recursos, y más aún por nuestras reservas, aseguró.
La brigada parlamentaria cruceña estuvo en San Ignacio de Velasco, por temas y demandas que tiene la región. Vinimos por temas preocupantes como el agua, los estados fronterizos, la situación del aeropuerto, la salud, la construcción de un hospital de segundo nivel, tramos carreteros y el tema de la carne, con sus exportaciones, además del asentamiento, explicó.
Según Ribera, esta cuarta sesión de la brigada actualmente se encuentra en un cuarto intermedio, pero continuará este 26 de febrero, ya en Santa Cruz de la Sierra.
Antes de que se levante el asentamiento, el alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, advirtió con que podrían darse enfrentamientos si no se respetaban los bosques.
Las ocupaciones ilegales en la zona se iniciaron casi inmediatamente después de que la Alcaldía publicara la Ley Autonómica Municipal 469/2021, que declara Área Protegida Municipal a la Reserva Bajo Paraguá.
Según Salces, la invasión tenía como objetivo mostrarse como previa a la ley, para exponer esos argumentos y evitar el desalojo. Responsabilizó al Movimiento al Socialismo (MAS) y al Gobierno central por estas medidas, usadas por los traficantes de la tierra en la Chiquitania, donde se encuentra la mayor cantidad de tierras fiscales del país.