Representantes de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz viajaron a La Paz para formalizar la respuesta a la solicitud de derogación de al menos 10 artículos de la Ley Departamental 208, que crea la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, por parte del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.
La asambleísta Paola Aguirre (Creemos) aseguró que la ALD se declara “absolutamente competente” en materia de protección del medioambiente y declaratoria de Unidades de Conservación de Patrimonio Natural (UCPNs), por lo que no se derogará la ley ni se modificarán los artículos.
“Rechazo categóricamente este requerimiento de derogación de la Ley Departamental 208 y posterior conflicto de competencias, que va a ser seguramente promovido por parte de estas facciones políticas y organizaciones sociales, que tienen la intención criminal de persistir en la construcción de una carretera que compromete los acuíferos y la provisión de agua de más de dos millones y medio de habitantes de la región metropolitana de nuestro departamento”, manifestó Aguirre.
La asambleísta agregó que la ALD ha asumido la defensa legal correspondiente y se ratifica en su competencia para ejercer la protección, cuidado y reserva legal de todas las áreas protegidas y UCPNs declaradas.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional es la instancia, de acuerdo a ley, que debe resolver este conflicto positivo de competencias frente al reclamo que ha hecho la vicepresidencia del Estado; un reclamo absolutamente ilegal y violador de la Constitución Política del Estado”, dijo Aguirre.
La asambleísta aseguró que los hechos demuestran que “nadie es mejor que los propios cruceños para cuidar nuestro territorio, para cuidar nuestro medioambiente, para cuidar nuestra flora y nuestra fauna”.
Cuestionó al Gobierno central de ir tras beneficios personales, con la búsqueda de derogación de la Ley 208, lo que podría dar luz verde a que el tramo 2 de la ruta Buena Vista -Las Cruces pase por la zona de los acuíferos, que proveen de agua al área metropolitana.
“Y sabemos que detrás de estas chicanerías jurídicas, que ha utilizado la Vicepresidencia del Estado para pretender derogar la Ley Departamental 208, hay, en los hechos, no un conflicto de competencia, sino un conflicto de intereses económicos por parte de aquellos que trafican con la tierra cruceña y que quieren convertir en los acuíferos en mercancía de venta, de lucro, de negociación para obtener beneficios personales, con la construcción de esa carretera y la urbanización de las zonas aledañas”, añadió.