Un incidente irregular marcó la jornada electoral de este domingo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un ciudadano fue arrestado por portar Bs 4.000 en efectivo dentro del recinto educativo John F. Kennedy, en presunta vulneración al Auto de Buen Gobierno, que prohíbe cualquier actividad ajena al proceso electoral durante el día de votación.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hombre identificado como Ángel M. fue interceptad al ofrecer versiones contradictorias sobre el origen y destino del dinero durante una entrevista con efectivos policiales destinados para el resguardo electoral.
“De forma sospechosa, en la entrevista, indicó que provenía de La Paz y que tenía que comprar algunos productos. Es el dinero que portaba y se está procediendo conforme a las disposiciones correspondientes”, explicó un efectivo policial a los medios.
El detenido aseguró dedicarse a la agricultura y afirmó que había acudido al recinto para encontrarse con el candidato Edmand Lara, a quien pretendía entregar “propuestas para el sector agrícola”. Sin embargo, su presencia generó sospechas, ya que no figuraba como votante en el recinto educativo John F. Kennedy y también declaró haber viajado desde Cochabamba.
En imágenes captadas por los medios de prensa, se observa al individuo siendo interrogado por uniformados mientras intentaba justificar el dinero como parte de una compra de “rollos de cobertura de suelo”.
El Auto de Buen Gobierno, vigente desde 48 horas antes de la jornada electoral, prohíbe la circulación de grandes sumas de dinero y toda actividad económica, política o de campaña en recintos de votación.
Tras la intervención, el ciudadano fue trasladado a celdas policiales, mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asumió el caso para investigar si hubo algún intento de cohecho electoral o actividad ilícita vinculada a la jornada de balotaje presidencial.
La Policía anunció que el informe será remitido al Ministerio Público, que evaluará si corresponde imputar cargos. El hecho generó preocupación entre delegados y votantes, que exigieron mayores controles para evitar posibles actos que vulneren la transparencia del proceso electoral.