Una papa que quema las manos. Así es el problema de los desmontes en Bajo Paraguá, que se arrastra desde hace cinco meses, y del que nadie se hace cargo con acciones concretas.
Pasaron dos meses de la inspección realizada in situ por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), que en la primera quincena de junio confirmó que los desmontes, que ya se acercan a las 150 hectáreas, son ilegales; y de la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que asegura que no ha entregado resoluciones de asentamiento ahí.
En los últimos días de julio, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, hizo llegar a la ABT un petitorio de desalojo y decomiso de productos forestales y medios de perpetración. Ayer tuvo audiencia con la ABT, pero, según la legisladora, no le dio una respuesta clara.
"No se comprometió a desalojar, pero le dije que voy a esperar su respuesta y que continuaré con las acciones legales, una acción de cumplimiento (acción de defensa constitucional) y una denuncia por incumplimiento de funciones, advirtió.
Según Salazar, el director de la ABT, Omar Quiroga, admitió verbalmente que sí había asentamientos, que no se trataba de los interculturales, sino de los hijos de los habitantes de la comunidad San Martín, la más grande de la zona, y cercana al área protegida (AP) Bajo Paraguá.
Sin embargo, a la exhortación para el cumplimiento de funciones, enviada por la diputada de Creemos, María René Álvarez, la ABT respondió que sí evidenció los desmontes, pero que no se encontraron asentamientos.
En su respuesta a Álvarez, la ABT aseguró que ha hecho las gestiones necesarias, entre ellas identificar y citar a los colonos responsables de los desmontes. En todos los informes de inspección no se evidenciaron asentamientos humanos, pero sí los desmontes. Son comunidades que están solicitando resolución, pero que no están asentadas, dice la carta.
Por escrito, la ABT aseguró que tiene toda la predisposición de coadyuvar a la fiscalización, pero aclaró que al ser área protegida municipal, está en las competencias de la alcaldía de San Ignacio de Velasco. El Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco es el responsable directo de la administración del área protegida, y deberá designar dentro de su estructura a la entidad responsable de su administración, así como al personal, dice la respuesta a Álvarez, con fecha 2 de agosto.
Sobre las citaciones a los miembros de las comunidades 15 de Octubre y Los Cedros, que fueron citados por la ABT por el desmonte ilegal, en fecha 8 de junio, la ABT dice que tiene el proceso abierto y que se está procediendo conforme a normativa, pero sin dar detalles, a pesar de que ya pasaron casi dos meses de la entrega de las citaciones, y de que en los últimos días de junio y de julio, un monitoreo satelital de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) corroboró que continúan los desmontes.
Además de enviar memorial a la ABT, Salazar envió cartas al comandante departamental de la Policía, a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, y al alcalde de San Ignacio de Velasco, insistiendo en que se proceda al desalojo con la fuerza pública.
En el documento enviado a la ABT, Salazar enumeró una serie de normas que están siendo violentadas, desde la misma Constitución Política del Estado (CPE); Ley Forestal 1700; Decreto Supremo 24453/1996 (Reglamento de la Ley Forestal); Decreto Supremo 22024/1988 de creación de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.
Del mismo modo, el memorial de Salazar a la ABT hace una reseña completa de los hechos, desde las primeras denuncias, incluyendo las de los indígenas de la zona, de la TCO Bajo Paraguá, y de otras autoridades.