El Ministerio Público ejecutó un registro en oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), ubicadas en el tercer anillo de la capital cruceña, en el marco de una investigación por presuntos cobros irregulares a autoescuelas para la emisión de licencias de conducir, informó el fiscal Brayan Melgar.
El operativo, realizado en coordinación con la Policía, permitió el secuestro de documentación clave que ahora será analizada para determinar si existieron irregularidades en los requisitos exigidos para la obtención de licencias.
“Se ha realizado un registro del lugar con el objetivo de secuestrar documentación y constatar cualquier anomalía dentro de los requisitos que se exige para la emisión de licencias de conducir”, explicó Melgar.
La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por un trabajador de una autoescuela, quien aseguró que se le habría exigido el pago de dinero para facilitar trámites relacionados con la evaluación, aprobación y extensión de licencias.
Según el fiscal, los montos exigidos aún están en proceso de determinación, mientras se profundiza la revisión de los documentos incautados.
“Se ha secuestrado documentación referente a los requisitos que el Segip exige a las autoescuelas. Ahora se realizará el análisis para verificar si existen irregularidades o falencias”, añadió.
Este caso está vinculado a una investigación previa en la que ya se aprehendió a dos personas, presuntamente funcionarios del Segip, quienes fueron imputados y se encuentran con medidas cautelares dispuestas por la autoridad judicial.
Como parte de las diligencias, también fueron citados a declarar funcionarios encargados de realizar entrevistas a autoescuelas, considerados piezas clave para esclarecer el posible mecanismo de cobros indebidos.
El Ministerio Público investiga un concurso de delitos, sin descartar la existencia de una estructura organizada que habría operado para beneficiar irregularmente a ciertos solicitantes de licencias de conducir.
Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las pericias documentales y se establezcan responsabilidades en este caso que pone bajo la lupa los procesos administrativos del Segip.