El concejal municipal por UCS, Maikol Negrete, y el secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Mario Centellas, salieron este lunes a aclarar las supuestas irregularidades en el proceso de licitación del aseo urbano de la ciudad. Uno de los que observó el caso fue Manuel Saavedra, concejal por Demócratas. Negrete afirmó que la oposición está queriendo tergiversar lo que viene a ser el proceso de contratación del servicio de aseo urbano, mismo que comenzará a operar a partir de abril del próximo año. “El proceso se ha realizado de manera transparente y pública donde algunos concejales como (Manuel) Saavedra estuvieron presentes”, dijo Negrete. El legislador ucesista agregó que la denuncia de la supuesta irregularidad fue realizada por una empresa que no ingresó en el proceso de licitación. Añadió que la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz), en una labor fiscalizadora, hizo reducir los costos mensuales por 10 millones de bolivianos a la empresa Solvi Vega. “De 33 millones a 23 millones. Eso es lo que se redujo en cuestión monetaria a Solvi Vega. Una fiscalización productiva y no destructiva como la del concejal ‘Mamen’ Saavedra”, afirmó Negrete. Por su parte, Centellas indicó que la Contraloría no habla de hechos irregulares. “Nos solicita enviar documentación correspondiente a los procesos de contratación, pero no dicen irregularidad”, aclaró el secretario. La empresa que está viniendo a trabajar está invirtiendo 15 millones de dólares y nadie viene con 15 millones para irse en 2 días como mencionan algunos concejales, afirmó Centellas. Centellas cerró indicando que las empresas postulantes están en el proceso de presentación de documentos y que el contrato definitivo se cerraría el 12 de enero de 2022. Observación de Mamen Saavedra El concejal Manuel Saavedra advirtió que, de firmarse el contrato para el recojo de basura que se inicia en abril de 2022, la ciudad quedaría desprotegida ante cualquier incumplimiento debido a problemas en la garantía. El legislador indicó que con el actual formato solo se tendría dinero para cubrir el servicio de aseo por 3 días, mientras que la norma exige un colchón económico para que se cubra por 90 días. En este caso no se ha hecho así, porque se ha pensado más en la empresa que en la ciudad. Si se llega a firmar este contrato se daría una serie de delitos como daño económico al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros, detalló. Saavedra indicó que las observaciones las hizo en las reuniones previas al proceso, pero decidieron echarle nomás, lo que provocó que la Contraloría pida que el burgomaestre envíe la documentación del proceso en 72 horas a la ciudad de La Paz.
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