El inicio del juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso “Decretazo”, se postergó —una vez más— por el incumplimiento de una orden judicial que disponía su traslado desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hasta Santa Cruz. Según el abogado Martín Camacho, esta es la decimoquinta vez que se posterga la audiencia, lo que constituye una vulneración sistemática del derecho a la defensa.
“Por décima quinta vez se ha suspendido este acto jurisdiccional y, nuevamente, no se ha presentado un informe sobre el motivo. No hay impedimento legal para continuar el juicio, salvo que no se cumple con el traslado del gobernador, lo cual es una decisión política, directamente del presidente Arce”, afirmó.
El juicio fue reprogramado para el próximo 13 de agosto a las 08:15 de la mañana. El tribunal ordenó que el traslado de Camacho se concrete hasta el 3 de agosto, con al menos 10 días de anticipación, y dispuso que las notificaciones se hagan también por medios electrónicos como WhatsApp, además de las vías legales convencionales.
Martín Camacho calificó de “penoso y vergonzoso” que las autoridades del Régimen Penitenciario se nieguen a garantizar el traslado. “Escuchar al señor Juan Carlos Limpias decir que no puede dar garantías, cuando esa es precisamente su función, demuestra la absoluta incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad interna del país. Y lo más preocupante es que quieran delegar esa responsabilidad a los abogados defensores. No somos policías”, remarcó.
Asimismo, cuestionó la influencia de figuras del oficialismo como Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, a quien acusó de seguir operando políticamente a pesar de su renuncia. “Sigue ejerciendo presión como candidato presidencial”, aseveró.
Del Castillo dejó el ministerio de Gobierno para convertirse en candidato por el MAS que está vinculado a la facción del presidente Luis Arce. El 28 de diciembre de 2022, dispuso la captura de la autoridad departamental en un operativo ejecutado por fuerzas especiales.
Desde la familia del gobernador, también se expresó molestia por la persistente negativa a cumplir con el fallo judicial. Luis Fernando Camacho, hijo del gobernador, advirtió: “Esta sería la decimoquinta vez que se suspende por no trasladarlo. Ya debería estar en Santa Cruz el 1 de agosto. El tribunal ha sido claro. Si no cumplen la òrden judicial, tendrán que asumir consecuencias legales”.
La indignación también se extendió a sectores académicos e institucionales. El vicerrector y rector electo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, expresó su preocupación y calificó lo ocurrido con el frustrado traslado de Camacho como evidencia de una “dictadura judicial”.
“Bolivia vive una dictadura judicial. Que un encargado del régimen penitenciario desobedezca una orden judicial es inadmisible. Si no pueden garantizar seguridad para un traslado, ¿cómo pueden garantizar seguridad ciudadana? Esta es la muestra clara de un Gobierno que ya no tiene argumentos”, afirmó.
Vargas exhortó a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a la Asamblea Legislativa a pronunciarse sobre este hecho. “Aquí no solo se está vulnerando el derecho de un gobernador, sino de todo un pueblo. Cualquiera de nosotros puede correr la misma suerte si esto continúa. Es hora de que los candidatos se comprometan con la restitución del Estado de Derecho”, remarcó.
La orden de traslado fue emitida en cumplimiento de una sentencia constitucional, resultado de una Acción de Libertad interpuesta por la defensa legal de Camacho. No obstante, las autoridades del Ejecutivo no han garantizado su cumplimiento, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica y política a pocas semanas de las elecciones generales del 17 de agosto.