Después de conocerse los detalles del feminicidio de Éricka Condori, una joven de 16 años, vecina de la localidad de Los Negros (en los Valles cruceños), y de realizarse la autopsia judicial, el siguiente paso de las autoridades será llevar al supuesto autor del crimen (Alberth Rafael Quisbert Bernal) ante el juez. La audiencia cautelar será instalada en torno al mediodía de este lunes, 26 de abril, en el municipio de Samaipata.
Éricka fue victimada con cortes en el cuello (arma blanca) y abandonada en una calle del barrio Belén, en la localidad de Los Negros. El hecho se registró en horas de la madrugada de este sábado, pero el cuerpo fue encontrado cerca del mediodía. La joven estaba embarazada de seis meses, informaron sus familiares.
El papá de Éricka dijo que el fin de semana estaba trabajando en su chaco cuando se enteró de la noticia de la muerte de su hija. El hombre pide la pena máxima para el autor del hecho, al igual que los otros familiares y vecinos de Los Negros.
El feminicida no se someterá a un proceso abreviado, según información a la que accedió EL DEBER. Las fuerzas del orden que lo custodian se sorprenden porque el hombre de 19 años no se inmutó al confesar que segó la vida de la joven, aunque dijo que lo hizo después de que Éricka se hiciera dos cortes en el cuello y quedara malherida..
Mientras tanto, el cuerpo de Éricka recibirá hoy cristiana sepultura después de la autopsia realizada por las autoridades judiciales.
“Yo no la maté. Ericka me contó que tenía problemas con sus padres. Ella procedió con el estilete a darse tajadas en el cuello”, dijo Alberth Rafael Quisbert Bernal, desde las celdas policiales.
Afirmó que intervino cuando la víctima empezó a desangrarse y le habría pedido que acabe con su agonía. Asegura que él trato de evitar que su amiga perdiera la vida pero como no pudo, decidió intervenir. Yo no quería hacerlo, pero ella estaba agonizando. Yo no soporté verla así, dijo.
Sin embargo, ni los familiares de Éricka ni los amigos creen en la versión de Alberth Rafael, por lo que piden para él la pena máxima, que es de 30 años sin derecho a indulto.