Mientras el sistema de Buses de Transporte Rápido (BRT) continúa en pausa y con proceso penal en curso para 10 ex autoridades municipales, incluidos el exalcalde Percy Fernandez, la Fiscalía General inició de oficio un nuevo caso contra el consorcio Chuturubí y sus posibles afectados por la adjudicación del contrato.
Lindbergh Ulloa, asesor y vocero del consorcio Chuturubí, de las líneas de transporte 17 y 18 que en la pasada gestión se adjudicó el contrato del BRT, denunció en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, que la Fiscalía ha montado un nuevo caso que, desde sus inicios, está lleno de atropellos.
El abogado criticó la detención del presidente del consorcio, Percy Rojas, que este miércoles, sin notificación previa, fue aprehendido luego de que se postergara la audiencia cautelar del caso BRT- 1, en el Palacio de Justicia. Rojas está a la espera de su audiencia cautelar. El miércoles, durante uno de los allanamientos a su inmueble, los dos hijos de Rojas fueron arrestados por supuesta obstaculización de la justicia. “Lo quieren quebrar (a Percy Rojas) para que desista de defender su línea de transporte. Es un montaje, se adhieren como denunciantes los transportistas interesados a fin de que no funcione el BRT. Es una presión política del Ministerio de Gobierno, que monta el caso como el de Terrorismo”, denunció. Ulloa también dijo que el alcalde Jhonny Fernandez ofreció destruir el contrato del BRT porque es un compromiso que asumió con otros sindicatos del transporte. Se trata de un favor político, “no puede perder los dos concejales del MAS, está defendiendo la gobernabilidad para tener la presidencia del Concejo Municipal”, añadió. Actualmente circulan 96 líneas de micros y 2 líneas de trufis por el primer anillo. Con la aprobación de los 30 buses del BRT todas las líneas quedarían fuera de circulación. La implementación incluye también el segundo, tercer y cuarto anillo, así como también los corredores Norte y Sur, que abarcan 9 kilómetros.