Ayer debía reiniciarse el juicio de supuesto terrorismo pero, en lugar de eso, se conoció la renuncia de una de las juezas ciudadanas, Sonia Mamani Vargas, quien además volvió a denunciar cosas que había dicho en octubre de 2014, aunque esa ocasión, se retractó.
En el documento entregado por su abogado al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, se pueden leer fuertes acusaciones, entre las que resalta la del punto número 3, en que se indica textualmente: “Me decían que tenía que votar como lo indicaban los que estaban pagando”, o “en ocasiones nos decían que la instrucción de cómo votar, venía desde arriba” y explica que la orden era “votar en línea”, es decir, igual que los otros miembros del Tribunal.
Los pagos a los que hace referencia son los pasajes y viáticos
Además, asevera que cuando se quejó por tener que viajar a Santa Cruz para las audiencias de juicio y anunciaba su alejamiento, fue amenazada por el juez Sixto Fernández y por el exdirector jurídico del ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval, con procesarla por incumplimiento de deberes y con hacerla devolver los gastos en pasajes y sus viáticos.
Precisamente esa situación, el pago de pasajes y viáticos por parte de ex ministros de Gobierno de la gestión de Evo Morales a las juezas ciudadanas, fue denunciada ayer en la Fiscalía por los abogados Gary Prado y Otto Ritter.
Esa irregularidad fue hecha pública en múltiples ocasiones por la defensa de los procesados cuando el país era gobernado por Morales, sin que pueda prosperar ninguna acción. Sin embargo, ayer se sentó denuncia contra los exministros de gobierno Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez, y algunos viceministros, por los delitos de daño económico al Estado, uso indebido de influencias, malversación y asociación delictuosa.
Ritter agregó que en todo caso, los pasajes debían ser cubiertos por el Consejo de la Magistratura, pero lo exministros “lo hacían por controlar a las juezas”, mientras que Prado acotó que ni siquiera se tomaron la molestia de habilitar los gastos mediante una resolución ministerial para considerarlos como gastos extraordinarios.
“No estábamos ante un tribunal imparcial, esto ha sido un montaje”, agregó Prado, algo que la misma jueza Mamani afirma en su carta de renuncia: “con los últimos sucesos ha quedado claro que este proceso no es un juicio imparcial (...) mi conciencia no puede con eso”.
También dice que comprende que los recursos que recibió tienen origen ilícito, pues provienen de malversaciones y que la justicia deberá determinar a los responsables de ello.
En reiteradas ocasiones señala que era presionada por ser “disidente” de las órdenes que recibían y que el juicio afectó su salud, el cuidado de sus hijos y de su negocio.