Eran las 00:10 de la madrugada de ayer cuando agentes de la división Trata y tráfico de personas de la Felcc, irrumpieron en el lenocinio denominado ‘215’ en la avenida 16 de Julio, en un operativo de control y constataron la presencia de cinco trabajadoras sexuales.
No se percibía nada anormal, hasta que los movimientos extraños de la administradora del local respecto a la parte posterior de la máquina musical o rocola, indujeron a los agentes a revisar el aparato. Fue así que, al retirar la venesta que cubre la caja en la parte posterior, hallaron a una muchacha, señaló Napoleón Espejo Candia, jefe de la división contra la trata de personas.
El intento de ocultarla y la apariencia de la muchacha delataban que se trataba de una menor.
En ese primer contacto además, se develó todo un drama personal que vive la menor y el aprovechamiento de personas inescrupulosas de la situación de vulnerabilidad. Espejo explicó que la menor tiene un bebé, el cual dejó al cuidado de su madre para ir a trabajar como mesera o, al menos eso fue lo que le dijo la amiga que le mostró un anuncio en el que se ofrecía trabajo para atender una ‘rocola’. Sin embargo, el lugar es un prostíbulo.
La administradora, Ingrid Roxana Enríquez Mariscal, fue aprehendida por la Policía para ser investigada por proxenetismo y se constató que tiene antecedentes por el mismo delito en la gestión 2018.
“Aprovechan la vulnerabilidad”
Ariel Ramírez, de la Fundación Munasim Kullakita (Quiérete hermanita) de La Paz, señala que el delito conexo más común a la trata es la violencia sexual comercial a la que inducen a las menores de edad. Las redes delincuenciales que incurren en este delito se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y de las necesidades económicas de las adolescentes.
Comenta que la menor hallada oculta en la rocola encaja en el perfil de la mayoría de las víctimas, proviene a familia desestructurada (solo vivía con su madre), tienen necesidad de criar a hermanos o, como en este caso a un hijo a su corta edad; también hay las que escapan de sus casas huyendo de situaciones de violencia o maltrato y son presa fácil de quienes captan a menores.
“Ellas llegan a naturalizar la explotación de su cuerpo para conseguir dinero y tienden a callar y no denunciar a sus explotadores porque no son conscientes de que son víctimas de un delito, lo cual, complejiza la investigación”, añade.
Y es precisamente eso, al parecer, lo que sucede con la menor en cuestión, pues ayer brindó su testimonio en la cámara Gesell, donde dijo tener 17 años (lo cual se debe corroborar) y señaló que nadie la indujo a trabajar en el lugar, sino que lo hizo por su voluntad, porque precisaba dinero para pagar las facturas de agua y luz, pero no ejerciendo la prostitución, sino ganando comisiones por el consumo de cerveza de los clientes, comentó Zarina Banegas, encargada de la Unidad de Víctimas Especiales de la secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía.
Agregó que la menor está bajo protección de la Defensoría en un centro de acogida y que no ha dado referencias de dónde vive y de su hijo de un año y medio.