Si bien la carta de denuncia y de renuncia de la exjueza ciudadana Sonia Mamani, que dijo que la presionaban para votar en línea y que el Ministerio de Gobierno pagaba sus pasajes aéreos para llegar hasta Santa Cruz, dejó mal herido al Tribunal Primero de Sentencia, que lleva adelante el juicio en el caso de supuesto terrorismo, la renuncia de Anastacia Calizaya, la segunda y última jueza ciudadana que mantenía con ‘vida’ a los juzgadores, fue una suerte de tiro de gracia al tribunal presidido por el juez Sixto Justo Fernández.
Ayer, poco después de las 9:30, la pequeña sala de audiencias del segundo piso del Palacio de Justicia se puso a tono para reinstalar la audiencia, que se había suspendido el lunes, cuando se conoció la carta de Mamani. Los procesados llegaron, los acusadores (Ministerio Público y Ministerio de Gobierno) y los abogados defensores estaban presentes, pero no se observó la presencia de la jueza ciudadana Calizaya.
Una vez la secretaria del tribunal hizo conocer las notificaciones y la asistencia de los involucrados en el caso, el juez Fernández indicó a los procesados que había una carta dejada por la juzgadora ciudadana y, a pedido de los abogados defensores, leyó el contenido de la misma.
Sin embargo, antes de que se conozcan los argumentos de la jueza, los representantes legales del Ministerio de Gobierno presentaron el poder que les delegó el actual ministro de esa cartera de Estado, Arturo Murillo, para continuar en la causa y le pidieron al tribunal un plazo de cinco días para conocer y estudiar los más de 200 cuerpos que tiene el caso, que lleva en juicio más de siete años.
Un par de horas después y ante los medios de comunicación, el abogado delegado por el ministro Murillo para estar en esta causa, Wilson Justiniano, indicó que por igualdad de partes debían conocer el caso en los cinco días que solicitaron, causa que el titular de su cartera calificó, en días pasados, como un procesado armado por el Gobierno anterior.
Finalmente Justiniano indicó que por institucionalidad debía seguir con los procedimientos en esta causa y agregó que, por el momento, la posibilidad de retirar la acusación particular en el proceso aún es un tema que no ha sido analizado a fondo.
La renuncia
Tras la solicitud del Gobierno de tener tiempo para tomar conocimiento de lo actuado en el juicio, el juez Fernández leyó la corta misiva que dejó la jueza Calizaya.
La carta indica que Anastacia Calizaya solicita renunciar a ser parte del tribunal mixto, que se conformó en 2012, argumentando problemas de salud.
Además, la juzgadora dejó aclarado por escrito que está con problemas debido a su avanzada edad, 71 años, y pide que se considere su condición de persona de la tercera edad y que el trajín de las audiencias, que le implicaba viajar desde La Paz hasta Santa Cruz una semana por medio al mes, han afectado su estado de salud delicado por su edad.
Leida la renuncia, que se suma a la de su colega Sonia Mamani, el abogado Alberto Morales, le pidió a los juzgadores pronunciarse sobre la determinación asumida por las juezas ciudadanas, que dejan al tribunal sin posibilidad de tener la cantidad de jueces necesaria para proseguir con el caso, además de recordar que ante estas renuncias el tribunal debe ser desintegrado y el caso pasar a otro tribunal, el mismo que deberá volver a iniciar desde cero una causa que ya cumplió más de siete años en juicio.
Los otros abogados que también son parte de la defensa, se sumaron al pedido de Morales, además de recordarle a los juzgadores (Fernández y la jueza técnica Elena Gemio), que ante las denuncias hechas por Sonia Mamani respecto al pago de viáticos y de pasajes por el Ministerio de Gobierno, dejan el proceso con vicios de nulidad absoluta, porque esas acciones debieron haber sido ejecutadas por el Consejo de la Magistratura, como lo hizo notar el jurista Gary Prado.
Dudas y caras largas
Después de las argumentaciones y pedidos de los abogados de los procesados, el juez Fernández, decidió suspender la audiencia hasta el 20 de enero a las 15:30, ‘abrazando’ así la solicitud hecha por el Ministerio de Gobierno, que terminó por darle aire durante los siguientes 10 días al tribunal para tomar una decisión futura.
El juzgador dijo que, en la fecha indicada para la instalación de la audiencia, se pronunciaría sobre las renuncias de las jueces ciudadanas, la denuncias de Mamani y la posibilidad planteada de disolver su tribunal, para que el caso se reinicie con otros juzgadores.
Ante la prensa, Sixto Fernández, dijo no poder dar criterio respecto a la desintegración de su tribunal y a la renuncia de las juezas ciudadanas, ya que ese tema se resolverá en la audiencia del 20 de enero.
Fijada la posición de los juzgadores, los procesados no pudieron ocultar en sus semblantes la sensación de dudas y molestia por lo ocurrido, ya que pese a que nadie está preso, el caso los mantiene pendientes a lo que sucederá.
“Creo que no saben qué hacer. Este Ministerio de Gobierno sabe que este es un caso podrido, pero no saben qué hacer y eso nos pone muy nerviosos, necesitamos que tomen decisiones de una vez”, afirmó Zvonko Matkovic.
Gary Prado, abogado de varios procesados, dijo: “Cuando las papas queman los abogados del Ministerio de Gobierno deben tomar una posición, la misma que pueda afectar en lo político, en lo jurídico, a su jefe (al ministro) y a la presidenta del Estado. Entonces como no hicieron la tarea en la vacación judicial, quieren 10 días para hacer la tarea, yo lo voy a ver por el lado amable”.