El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra no descarta invertir, a través de una alianza pública y privada, en la compra de los Buses de Tránsito Rápido (BRT), que operarán en la ruta del nuevo sistema de transporte.
“Hay una ley nacional para inversión pública y privada y también hay una ley municipal habilitada para eso. No existe administración pública que se considere moderna sin las alianzas público-privadas. Bolivia está amaneciéndose con esta posibilidad de alianza, pero ahí está. Estamos yendo por ese camino”, expresó el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera.
Ante la consulta sobre si la Alcaldía se podrá hacer cargo sola de la adquisición de los BRT, Ribera contestó: “Existen muchas posibilidades”; sin embargo, en la rueda de prensa de ayer solo se refirió a la inversión mixta.
Recordó que en esta primera fase solo se requiere la compra de 30 buses (cada uno con capacidad para 90 pasajeros) y por la magnitud de la inversión, se puede encontrar a un privado interesado en participar solo de la licitación.
Agregó que existen otras fases del plan de movilidad urbana, que requerirán la compra de hasta 60 buses, por lo que ahí sí tendrá que existir inversión municipal. El 24 de diciembre, el Concejo Municipal modificó los artículos 36 (Concesión Municipal) y 55 (tarifas) de la Ley 1216 de Movilidad Urbana. Con el cambio del primer artículo se establece que se harán tres licitaciones. Ribera explicó que en las primeras dos licitaciones se dará prioridad a los transportistas tradicionales para que puedan tener en concesión una determinada ruta; sin embargo, en caso de declararse desierta, la comuna tendrá la opción de convocar a otra licitación pública para que cualquier interesado (incluyendo privados) tenga la posibilidad de adjudicarse el servicio de los BRT. “Los transportistas son la primera opción para que se adjudiquen la operación, pero no podemos condicionar el avance de la ciudad a las limitaciones que tenga el sector”, dijo el secretario de Movilidad Urbana. Cambio en sistema de cobro Los cambios a la Ley 1216 también alcanzaron al ente recaudador. En el parágrafo segundo del artículo 2, establece que el sistema del servicio de cobro y recaudo de la operación podrá ser administrado por la Alcaldía y/o terciarizado a través de una licitación pública. Desde la aprobación de los reglamentos de la Ley de Movilidad Urbana, hace más de cinco meses, el secretario ejecutivo del sindicato Santa Cruz, Aldo Terrazas, advirtió que el Gobierno Municipal no puede involucrarse en el sistema de recaudo, pues si se pedía invertir a los transportistas, estos tendrían que tener el derecho de administrar las ganancias. Ayer se intentó, sin éxito, conocer la versión de Terrazas sobre los cambios a la norma. La primera licitación desierta A inicios de diciembre, el Gobierno Municipal cruceño lanzó la primera licitación para la adjudicación de la primera ruta del BRT. Hace más de una semana concluyó el proceso, declarándose la licitación desierta. A dicha licitación, de los tres operadores actuales del primer anillo, se presentaron dos: las líneas de micros 17 y 18 y el trufi cooperativizado, pero no cumplieron las especificaciones técnicas, pues tuvieron observaciones en el marco financiero y en el equipo técnico, claves para la operación. Actualmente se alistan los términos para la segunda licitación pública, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha, pero se estima que será en los primeros días de enero. En esta también serán prioridad los transportistas tradicionales. En caso de que nuevamente se declare desierta, la tercera licitación será pública e internacional. Micreros alistan protestas Los transportistas se mantienen en estado de emergencia por la forma en que la comuna implementa el BRT. El ejecutivo de la Federación 16 de Noviembre, Bismark Daza, indicó que se alista un ampliado para definir las medidas a seguir. Aunque adelantó que las protestas se retomarán después de las fiestas de fin de año. El secretario ejecutivo del sindicato Andrés Ibáñez, Andrés Arturo Salinas, criticó el hecho de que la sesión del Concejo, en la que se cambiaron los dos artículos de la ley, se haya hecho a pocas horas de la celebración de Navidad y que no fuera consensuada.