La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves las controvertidas leyes de Arizona que restringen la forma de votar, una decisión que podría tener un impacto duradero en los derechos de voto de las minorías.
Se impone el músculo de la nueva mayoría conservadora en el Tribunal Supremo estadounidense que, por seis votos a tres, facilita a los estados el restringir el ejercicio del voto al negar que se discriminara a minorías raciales en Arizona durante el último ciclo electoral.
Se trata de dos leyes electorales respaldadas por los republicanos que se consideran como un desafío clave a la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965, que pretendía en parte evitar la discriminación de los votantes negros.
Una de ellas exige a los ciudadanos que votan el día de las elecciones que emitan su sufragio en el distrito electoral en el que viven, mientras que otra tipifica como delito que terceros recojan y depositen las papeletas de votantes.
La decisión del alto tribunal revoca el fallo de una corte estatal que sentenció que Arizona dificultó el voto latino, afrodescendiente y de los pueblos originarios en las últimas elecciones.
Y de paso asesta un golpe mortal a la ley nacional de derecho al voto porque abre la puerta a que gobiernos federales conservadores restrinjan más el acceso a las urnas, según denuncia la minoría progresista del alto tribunal en sus alegaciones.
El juez ultraconservador Samuel Alito sentenciaba en nombre de la mayoría que Arizona no discriminó racialmente por regular quién puede votar por anticipado en nombre de otra persona o por rechazar un recuento de votos si el sufragio se emitió en un colegio electoral que no corresponde al elector.
Por su parte, la jueza Elena Kagan escribió en su disentimiento que la decisión "socava" la Ley de Derecho al Voto y sus premisas de democracia e igualdad racial.
El presidente Biden y la mayoría demócrata en el congreso, en cambio, han condenado con dureza la resolución judicial y se han conjurado para legislar a nivel nacional una ley que garantice el derecho a voto universal sin ninguna condición.
El Comité Nacional Demócrata presentó una apelación, argumentando que esas disposiciones se promulgaron con intención discriminatoria y violaron la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.
Esta decisión es el segundo golpe contra la Ley de Derecho al Voto en menos de una década.
En 2013, la Corte Suprema anuló parte de la ley, que exigía que los estados con un historial de discriminación de los votantes recibieran primero autorización de las autoridades federales antes de cambiar cualquier norma sobre votación.