El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, desmintió que esté buscando una indemnización del Estado boliviano por el caso EGTK, por el que estuvo detenido, junto con otros miembros de este grupo irregular. “Desde que se inició la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturas y violación a nuestros derechos humanos, tanto Raúl García Linera como mi persona renunciamos a cualquier tipo de indemnización económica. Tomamos esta decisión porque consideramos que nuestros ideales y convicciones no se negocian por ningún monto de dinero”, afirma Álvaro García Linera en una carta que hizo llegar a EL DEBER. El 23 de mayo, la Procuraduría emitió un informe dirigido a la Cámara de Diputados en el que da cuenta de los casos de “soluciones amistosas” que el Estado tiene en trámite con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el documento figura el “Caso 12.528, denominado Álvaro García Linera y otros. El documento oficial de la Procuraduría indica que el caso 12.528 “se encuentra en etapa de fondo y recientemente, en fecha 14 de marzo de 2022 se ha reingresado a la etapa de solución amistosa; por lo que se inició el proceso de análisis técnico de viabilidad o no de las pretensiones de la parte peticionaria”. Pone énfasis en que no se ha realizado ningún pago hasta el momento. García Linera indica que la renuncia a cualquier indemnización, de parte suya y de su hermano Raúl, fue hecha pública el 18 de diciembre de 2013, y reafirmada en múltiples ocasiones.
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