La tercera semana de agosto, entre el 16 y 20, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que llegó a Bolivia para investigar los sucesos de 2019 hará conocer su reporte oficial en todos los departamentos del país, según el comunicado oficial de este ente multidisciplinario.
“Actualmente el GIEI está realizando la edición y la corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, así como, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto”, señala una parte del comunicado que publicó, Jaime Vidal, responsable del GIEI.
En diciembre de 2019 el gobierno de entonces firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que un grupo de expertos llegue al país a investigar lo sucedido en el último cuatrimestre: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Pero la misión pudo llegar en noviembre de 2020 y luego de firmar una adenda con el Gobierno de Luis Arce empezaron su trabajo recolectando testimonios de los heridos y familiares de heridos y detenidos de esos sucesos.
“El GIEI entregó el informe final al Estado el pasado 23 de julio de 2021. El Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, recuerda otra parte del comunicado del grupo.
Los expertos también adelantaron que visitarán otras ciudades y localidades para dar a conocer el reporte y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
En el país no existe un criterio uniforme respecto de la vinculatoriedad de este reporte, las autoridades de Gobierno manifestaron que algunas partes del informe serán vinculantes y otras serán recomendaciones que deben poner en práctica las autoridades judiciales.
En cambio, el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inka, dijo que el informe debe ser vinculante para el Estado porque fueron sus autoridades que firmaron el acuerdo con ese compromiso. Desde su perspectiva, los expertos generaron documentos legales porque tuvieron contacto directo con las víctimas y recogieron testimonios.