El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín cuestionó los excesos cometidos en Bolivia con la aplicación de la detención preventiva, a la que calificó como una “sentencia anticipada” utilizada con fines políticos. Sus declaraciones se produjeron tras la instructiva del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, que ordenó revisar los casos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de la expresidenta Jeanine Áñez, y del ex líder cívico potosino Marco Antonio Pumari.
Albarracín explicó que la detención preventiva, concebida en el Código de Procedimiento Penal como una medida cautelar con un máximo de seis meses de duración, ha sido distorsionada en la práctica por fiscales y jueces bajo presión política. “Se ha convertido en una especie de sentencia anticipada. Basta con un telefonazo del Ministro de Justicia para ordenar el encarcelamiento por razones políticas”, denunció en una entrevista concedida con el programa Influyentes de EL DEBER Radio.
El jurista recordó que, pese a los límites legales, las autoridades han extendido arbitrariamente los plazos de detención, llegando incluso a generar nuevos juicios para mantener encarcelados a ciudadanos. En ese marco, señaló que el caso de Luis Fernando Camacho fue “más un secuestro que una detención”, vulnerando la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
“Hoy cerca del 85% de los privados de libertad en Bolivia están detenidos ‘por si acaso’. Esto no solo es un abuso de autoridad, es una violación a los derechos humanos”, apuntó Albarracín, quien respaldó la decisión del Tribunal Supremo de revisar los procesos.
Recuerdos de persecución y amenazas
Más allá del análisis jurídico, Albarracín recordó que él mismo fue víctima de persecución política. En noviembre de 2019, durante las protestas tras la renuncia de Evo Morales, su casa en la zona Sur de La Paz fue incendiada. Días después, apareció una paloma degollada en el lugar, junto a prendas de su esposa e hijo, como un mensaje de amenaza.
“Ese fue un claro aviso de que, si seguía insistiendo en las investigaciones, yo ya sabía lo que nos podía pasar. Amnistía Internacional pidió explicaciones al Ministro de Gobierno (de entonces Eduardo Del Castillo), pero nunca hubo respuesta. En el fondo, eran ellos mismos los autores de esos abusos”, relató.
En 2020, el proceso judicial por la quema de la vivienda concluyó con la absolución de dos acusados y una sentencia mínima de un año de cárcel para un tercero, pena que no fue cumplida de forma efectiva. La familia Albarracín denunció parcialización de la justicia y llevó el caso a instancias internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el ex defensor del Pueblo, la justicia en Bolivia sigue marcada por la “ley del embudo”: dura con los inocentes y laxa con los poderosos. “Si hubiera justicia real, Evo Morales y otros exgobernantes deberían estar procesados penalmente. Hoy la justicia sigue siendo una quimera, aunque hay una luz al final del túnel con la instrucción del presidente del Tribunal Supremo”, afirmó.
La revisión de los casos de Áñez, Camacho y Pumari será, según Albarracín, una prueba de fuego para verificar si el país avanza hacia una justicia independiente o continúa bajo la sombra de la represión política.