Decenas de indígenas aimaras tomaron este lunes por la fuerza la alcaldía de la población de Viacha para exigir al alcalde que retirase las licencias de funcionamiento a más de una veintena de empresas mineras que, según denunciaron, provocan contaminación en el suelo y pastizales, con efectos nocivos en la salud del ganado y personas.
La protesta comenzó por la mañana, con empujones de dirigentes y comunarios con un reducido grupo de policías, y terminó hasta que al final de la tarde el alcalde, Napoleón Yahuasi, remitió a los manifestantes una ley promulgada con su sello y firma para retirar las licencias mineras.
Dicha ley municipal dispone que el alcalde debe gestionar el "cierre y mitigación de toda actividad minera, la presentación de una acción de cumplimiento judicial y la revocatoria de todas las licencias de funcionamiento.
Nuestros animales se están muriendo, nuestros compañeros están enfermos, queremos justicia, no podemos soportar más. No queremos más actividad minera, no queremos más fábricas, porque afectan al campo, al agro y al agua, dijo a EFE el dirigente Narziso Canaviri.
Los dirigentes exhibieron varios documentos, entre ellos informes de la Gobernación de La Paz, que señalan que en 2023 había nueve empresas mineras, legales e ilegales, que generaban desechos líquidos y que la cantidad de empresas ascendió a 23 el año pasado.
Los reportes mencionan la existencia de arenas gruesas en el área de secados de colas, desborde de agua ácida de las piscinas de sedimentación y señalan que varias empresas carecen de un plan de manejo de residuos.
La dirigenta indígena Amelia Paco indicó a EFE que se cree que el municipio ha negociado la actividad minera en Viacha con empresas chinas y privadas dedicadas al lavado de oro, pese a que esa jurisdicción no se caracteriza por la explotación del mineral, sino que tiene vocación agropecuaria y ganadera.
Hay empresas de lavado de oro, en el municipio no tenemos oro, las empresas traen de otro lado la tierra porque tenemos los ríos, a veces hay desbordes, agregó.
Asimismo, mencionó que la Alcaldía no ha hecho una buena gestión, ni buen seguimiento al cumplimiento de las condiciones ambientales en la zona, por lo que ahora está en riesgo el sustento alimentario de la región que cuenta con más de 114.000 habitantes según el censo de 2024.