Después de casi dos meses de finalizado el proceso de las elecciones generales más largas de la historia de Bolivia, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en su informe de evaluación final, recomienda hacer una “revisión general de la legislación” para futuros procesos electorales, restituir el financiamiento a los partidos para una campaña equitativa y normar el uso de las redes sociales y medios digitales para evitar la guerra sucia y desinformación.
Estos son tres ejes que aglutinan la mayoría de las recomendaciones que deja la MOE-UE en un informe de 19 puntos planteados a los órganos Electoral, Ejecutivo y Legislativo de Bolivia.
En líneas generales, el jefe de la MOE-UE, embajador Davor Ivo Stier, ponderó el trabajo que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que ha desempeñado una labor importantísima y sobre todo el doctor Óscar Hassenteufel que ha tenido una labor excepcional”, dijo Stier a EL DEBER.
No obstante, el grupo europeo observó varios hechos a lo largo del proceso que, desde la perspectiva suya, merecen ser ajustados en las leyes electorales 026, 018 y en la Ley 1096 de Partidos Políticos.
Entre esas observaciones están los amplios plazos para renuncias, inhabilitaciones y sustituciones de los candidatos, al punto de que “la lista definitiva de candidatos se publicó solo un día antes de las elecciones”. Este hecho genera desinformación y confusión al elector.
Ante la consulta sobre la percepción de la UE respecto a la presentación de amparos constitucionales, acciones judiciales que en muchos casos no respetaban el principio de preclusión y pretendían paralizar el proceso electoral.
La respuesta de Stier fue clara y contundente al afirmar que se debe “hacer una revisión general de la legislación (electoral)”, trabajo que incluye evitar que se vulnere el principio de preclusión. El jefe de la Misión expresa su preocupación, porque en los comicios pasados “ha habido intentos de obstaculizar el proceso electoral a través de diferentes recursos”.
A la Unión Europea le preocupa también el uso indiscriminado de las redes sociales en campaña y la ausencia de una norma que regule su manejo, lo que provocó un elevado nivel de desinformación y “guerra sucia” entre candidatos.
Es por eso que plantea “adoptar una ley de derechos digitales que garantice el acceso a la información pública y proteja la privacidad y la libertad de expresión en línea de los ciudadanos”. Esta norma debería ser para el uso de redes sociales y también para las páginas digitales de medios y actores políticos.
Otra de las observaciones de la MOE-UE es con relación al trabajo de los medios de comunicación públicos o dependientes del Estado y también los medios privados. En ambos casos observa que los medios han “favorecido” a uno u otro candidato. En el caso de los estatales, daban amplia cobertura al partido en función de gobierno y a sus candidatos, en los privados, se inclinaban por los supuestamente mejores posesionados, según las encuestas que ellos mismos publicaban.
En el caso de medios públicos, la Unión Europea recomienda “adoptar una ley de medios de comunicación públicos” para garantizar los principios de pluralismo, imparcialidad e independencia frente al Gobierno.
La MOE-UE vio también una notoria desigualdad en las campañas de los partidos y sus candidatos, muchos de los cuales no pudieron acceder a emitir su propaganda en medios en contraste con otros que gozaban de un gran respaldo económico.
Es por eso que plantea “aplicar y ampliar la financiación pública existente para las campañas, a fin de cubrir actividades que trasciendan la propaganda electoral” y con ello “garantizar la igualdad de condiciones en campaña.