El cambio de Gobierno en Bolivia no solo trajo consigo una transición política, sino también un giro inesperado en el ámbito judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió este viernes el Instructivo Nº 18/2025, con el que ordena a los tribunales departamentales del país revisar de inmediato las medidas de detención preventiva que pesan sobre tres de los principales detenidos políticos de los últimos años: la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
La noticia provocó inmediatas reacciones en los propios protagonistas. La expresidenta Áñez afirmó que, después de cuatro años y medio de prisión, la disposición representa “una reparación, no un regalo”. “Liberada de la injerencia del MAS y del Órgano Ejecutivo, la Justicia debe restituir todos los derechos y garantías que nos fueron conculcados”, subrayó.ç
Por su parte, Marco Pumari recordó que en carne propia vivió una “justicia corrupta”, articulada entre jueces, fiscales y abogados para lucrar con las familias de los privados de libertad. “Detenciones preventivas que se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE”, denunció.
Voces por la libertad
Si bien el instructivo se centra en tres casos emblemáticos, la medida reavivó el clamor por justicia para todos los presos políticos que dejaron los años de hegemonía del MAS.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recordó que no son solo Áñez, Camacho y Pumari quienes aguardan justicia. “Hay militares, expolicías y civiles presos o perseguidos, como nuestro expresidente Rómulo Calvo. También hay exiliados. La justicia debe llegar absolutamente a todos, y no olvidemos que quienes fueron perseguidores deberán responder ante la justicia”, advirtió.
En la misma línea, el senador electo por Libre, Branko Marinkovic, sostuvo que la decisión del TSJ confirma que la justicia solo se animó a actuar con independencia una vez fuera del horizonte el MAS en el poder. “Nadie puede estar en detención preventiva más de tres meses, entonces lo que han hecho es una barbaridad jurídica. Tienen que liberar a los presos políticos, no solo a estas tres personas. Hay muchos otros que también deben ser liberados”, declaró.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aportó una visión más amplia, al recordar que el problema excede a los casos políticos más visibles. “A junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia son detenidos preventivos. Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales”, señaló, pidiendo que la medida del TSJ abra un camino general de revisión.
Con expectativas
Las reacciones no solo se tradujeron en demandas, también en gestos de reconocimiento hacia la decisión de la máxima instancia judicial del país.
El abogado de Camacho, Martín Camacho, consideró que el instructivo está sólidamente fundamentado en el Código de Procedimiento Penal y en sentencias internacionales. “El caso del gobernador es emblemático: está próximo a cumplir tres años detenido, cuando la norma establece un plazo razonable de seis meses. Lo que corresponde es su liberación”, enfatizó.
A su vez, Luis Guillén, defensor de Áñez, recordó que los jueces deben remitir los antecedentes en 24 horas. “Es imperativo que cumplan, porque se trata de devolver a la justicia su independencia y al proceso penal su carácter de excepcionalidad en la detención preventiva”, sostuvo.
Por su lado, la senadora electa de Unidad, Tatiana Áñez, valoró la medida como un paso justo y correcto. “Romer Saucedo ha asumido su responsabilidad de velar por la aplicación razonable de la ley. No olvidemos que fuimos los bolivianos quienes elegimos a los nuevos representantes del Órgano Judicial, y hoy vemos que no nos equivocamos”, expresó.
El instructivo del presidente del TSJ se interpreta como un punto de inflexión en el sistema judicial boliviano. El desafío ahora recae en los jueces, quienes deberán pronunciarse en un plazo inmediato, mientras la sociedad y las instituciones esperan que la disposición marque el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia.