A poco más de dos meses del cierre de gestión municipal y en plena campaña para las elecciones subnacionales del 22 de marzo, al menos tres capitales de departamento —Cobija, Potosí y Santa Cruz de la Sierra— atraviesan conflictos judiciales y políticos que han puesto en tensión la administración de sus gobiernos locales.
Las nuevas autoridades municipales y departamentales que resulten electas deberán asumir funciones el próximo 4 de mayo, pero en estas tres ciudades el escenario institucional se encuentra marcado por detenciones, procesos judiciales y disputas internas que afectan el funcionamiento de los gobiernos locales.
Santa Cruz: debate por un alcalde interino
En Santa Cruz de la Sierra, la mayor ciudad del país, el Concejo Municipal convocó a una sesión para este 5 de marzo con el objetivo de analizar la situación institucional del municipio y debatir la designación de un alcalde interino.
La decisión surge después de que el alcalde Jhonny Fernández fuera enviado con detención preventiva por 100 días al penal de Palmasola, dentro de la investigación conocida como caso Pavimento, que indaga presuntas irregularidades en obras de pavimentación urbana.
El presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, explicó que la intención no es destituir a Fernández, sino designar una autoridad interina que pueda garantizar la continuidad administrativa del municipio mientras dure la detención.
“Lo que estamos haciendo es llamar a un alcalde interino, pero para eso necesitamos la presencia y la mayoría de votos en el Concejo Municipal”, afirmó.
Medrano señaló que existen tareas urgentes de gestión y preparación para la transición municipal que requieren la presencia de una autoridad ejecutiva activa.Desde la Alcaldía, el vocero municipal Bernardo Montenegro sostuvo que, pese a la detención preventiva, Fernández no pierde sus derechos políticos y continúa siendo el titular del cargo.
Cobija: la alcaldesa salió de prisión tras dos días
En Cobija, capital del departamento de Pando, la alcaldesa Ana Lucía Reis recuperó su libertad la noche del 27 de febrero, luego de permanecer aprehendida durante dos días por procesos judiciales vinculados a demandas laborales de exfuncionarios municipales.
La autoridad fue detenida la pasada semana en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul, cuando retornaba de la ciudad de La Paz, y posteriormente trasladada bajo custodia al penal de Villa Busch.
Su liberación se produjo después de que la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio suscribiera compromisos de pago progresivo por cerca de 7 millones de bolivianos, correspondientes a beneficios sociales y salarios adeudados a exservidores públicos.
A su salida del recinto penitenciario, Reis agradeció el respaldo de sus seguidores que la esperaban en inmediaciones del penal. Visiblemente emocionada, aseguró que la experiencia le permitió conocer de cerca las condiciones del sistema penitenciario y reflexionar sobre la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad.
Potosí: concejales aprehendidos
La situación más compleja tiene lugar en Potosí, donde una investigación penal por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes derivó en la aprehensión de varios concejales municipales.
El fiscal anticorrupción Efraín Rocha confirmó que inicialmente el proceso involucraba a la alcaldesa Josefina Cruz Márquez y a la concejala Leslie Flores Moyo, quienes actualmente cumplen detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca.
Posteriormente, el Ministerio Público amplió la investigación y ejecutó órdenes de aprehensión contra los concejales Erick Zoraide, Alberto Pérez Tumiri y Johnny Churata Montero, al existir indicios de su presunta participación en los hechos investigados.
El martes 3 de marzo se sumó una nueva aprehensión, la del concejal Juan Carlos Nina, lo que agravó aún más la crisis institucional en el Concejo Municipal.
La situación generó un escenario inédito: el Concejo quedó sin quórum para sesionar, debido a la ausencia de los concejales detenidos o investigados.
Las audiencias cautelares definirán la situación jurídica de los implicados. En caso de que se disponga su detención preventiva, se deberá convocar a concejales suplentes, lo que podría modificar nuevamente la composición del órgano legislativo municipal.
La crisis institucional se produce tras renuncia del exalcalde Jhonny Llally, cuya gestión estuvo marcada por procesos judiciales e incluso una etapa de detención preventiva. Llally dimitió argumentando problemas personales y familiares derivados de las causas penales que enfrenta.
Tras su salida, Josefina Cruz Márquez asumió como alcaldesa sustituta, cargo que ejercerá hasta la conclusión de la gestión iniciada en 2021.