Tres exministros de la gestión de Luis Arce (2020-2025) y los exgerentes de la firma estatal Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) son investigados por la Fiscalía de La Paz por la quiebra de esa institución, con un daño económico de Bs 101 millones.
“En este caso se tiene aprehendido al exgerente de B-Agro (William Villarpando), quien desde la gestión 2022 estuvo al frente de esta empresa, que acumuló una deuda de 101 millones de bolivianos, de los 140 millones de bolivianos que el Estado le asignó como capital propio”, informó la fiscal del caso, Magaly Bustamante.
Los exministros implicados
De acuerdo con los datos históricos, tres de los siete implicados son los exministros de Desarrollo Rural y Tierras de la gestión de Arce: Remmy Gonzales Atila, Santos Condori y Juan Yamil Flores Lazo.
Gonzales Atila fue el ministro que más tiempo duró en el cargo, desde marzo de 2021 hasta marzo de 2024, cuando fue sustituido por Condori. Este estuvo como titular solo cinco meses y fue reemplazado por Flores Lazo el 12 de agosto del mismo año, quien se mantuvo hasta el cambio de Gobierno.
Recordemos que B-Agro fue creada el 20 de abril de 2022 mediante el Decreto Supremo 4701, con un patrimonio de Bs 140 millones. Su objetivo era la compra de semillas y el almacenamiento de productos agropecuarios, bajo el eslogan de “garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia”. Los ministros son señalados por no asumir medidas ante los reportes financieros negativos.
Entre las principales funciones de Villarpando estaba ejercer la representación legal, administrar recursos para su desarrollo, suscribir contratos, convenios y/o acuerdos para el cumplimiento de sus actividades, realizar acciones necesarias para garantizar su funcionamiento y gestionar y aprobar el Plan Operativo Anual, detalla la nota de prensa de la cartera de Estado.
Villarpando fue aprehendido el miércoles por la tarde, luego de que se presentó a la citación de la Fiscalía, que lo convocó para que presentara sus descargos y brindara su declaración informativa. Sin embargo, el exgerente decidió acogerse a su derecho al silencio..
Irregularidades
La fiscal explicó que los “informes financieros técnicos” revelan que la quiebra de dicha empresa se debió a gastos injustificados en los que incurría Villarpando y su personal de confianza.
Como una de las siete irregularidades detectadas, la fiscal Bustamante puso como ejemplo que, en mayo de 2024, se cerró la Gerencia Pecuaria de B-Agro, pero el responsable de esa área siguió percibiendo un salario de Bs 17.000 por otros ocho meses, sin realizar ningún tipo de trabajo.
Una segunda irregularidad se registró en el manejo de los recursos de almacenes. Detalló que los informes confirmaron que los egresos reportados eran de Bs 24 millones, pero que la empresa solo generaba una ganancia de Bs 13 millones.
El tercer elemento irregular, atribuido a la mala administración de Villarpando, tiene que ver con el alquiler de terrenos donde se supone que se realizaba la siembra de varios productos. La fiscal explicó que ese gasto era innecesario, debido a que B-Agro contaba con terrenos dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La cuarta y quinta irregularidad tienen que ver con la contratación de personal y el alquiler de maquinaria para dicha producción en el departamento de Santa Cruz, ya que B-Agro también contaba con personal y maquinaria.
La sexta y séptima observación a la administración de B-Agro, reveladas en las auditorías, tienen que ver con la acumulación de deudas “a corto y largo plazo”, explicó la fiscal.
“Entre estas deudas por pagar está el incumplimiento en la devolución del anticipo y garantías que B-Agro retenía de los proveedores que firmaban contratos con el Estado. De la misma forma, a la gestión 2024, existen deudas por salarios”, detalló Bustamante.
La fiscal concluyó señalando que el daño económico representa una pérdida del 72% del capital con el que B-Agro fue creada. En ese contexto, en la audiencia cautelar se solicitará la detención preventiva de Villarpando.