A una semana de la aprobación por unanimidad del informe final del Senado sobre los sucesos del 26 de junio de 2024, las declaraciones de militares y testigos directos han reavivado el debate sobre lo que realmente ocurrió aquella jornada que estremeció al país.
El documento del Senado de 112 páginas fue aprobado el 27 de octubre y concluyó que no hubo golpe de Estado, pero tampoco fue un autogolpe, sino una “insubordinación militar” liderada por el entonces comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga Macías, junto a un grupo de oficiales de inteligencia conocidos como Los Pachajchos.
Sin embargo, los testimonios recopilados por la Comisión Especial del Senado y las posteriores declaraciones públicas de los implicados introducen nuevas dudas sobre la actuación del gobierno saliente de Luis Arce, al que varios exoficiales señalan de haber participado o al menos conocido el operativo.
Los Pachajchos y la ejecución del operativo
El informe legislativo identifica a cuatro mayores —Leonel Elio Sanjinés Rada, Miguel Fernando Iriarte Sandoval, Waldir Mamani Hidalgo y Luis Domingo Balanza Gerónimo— como parte del círculo de extrema confianza del general Zúñiga.
Todos eran miembros de la Compañía de Inteligencia 297, dependiente del Departamento II del Ejército, y tuvieron un papel central en el despliegue de tropas y blindados hacia la Plaza Murillo bajo el argumento de un “ejercicio de seguridad”.
“El general Juan José Zúñiga Macías, Leonel Elio Sanjinés Rada, Miguel Fernando Iriarte Sandoval, Waldir Mamani Hidalgo y Luis Domingo Balanza Gerónimo (Pachajchos), direccionaron de manera irregular al personal militar en general para equiparse y trasladarse a plaza Murillo bajo el ficticio escenario de un supuesto ejercicio de seguridad”, señala el informe el Senado sobre el cual no ha existido un pronunciamiento formal del gobierno de Arce, que celebró su última reunión de gabinete el pasado miércoles 5 de noviembre.
En todo caso, de ese grupo, solo Balanza y Zúñiga continúan recluidos; el primero en penal de Patacamaya y el segundo en El Abra; los demás fueron liberados tras acogerse a procesos abreviados, una decisión que la Comisión observa como un tratamiento desigual y que, según varios senadores, debilitó la búsqueda de la verdad material.
De este modo, los testimonios incluidos en el informe senatorial son ahora el centro del debate público. A diferencia de la versión oficial que presentó al 26J como un “golpe fallido”, los relatos apuntan a una cadena de engaños, presiones y omisiones dentro del propio aparato estatal. El entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó un documental en abril de este año con versiones que fueron refutadas tras incluir a varios analistas en plena fase electoral.
- El sargento que condujo el blindado
El sargento Alan Condori, conductor del vehículo que impactó la puerta del Palacio Quemado, declaró que actuó siguiendo órdenes y que en la audiencia de apertura de celulares no se presentó el dispositivo del general Zúñiga, pese a haber sido usado durante la toma de la plaza.
Para la Comisión, esa omisión es clave: “El teléfono de Zúñiga, que contenía información sensible sobre comunicaciones y órdenes, no fue incorporado como evidencia”.
- El músico que fue forzado a conducir a Zúñiga
El suboficial Demetrio Mamani, miembro de la banda militar del regimiento Ayacucho, fue obligado a suspender sus vacaciones y terminó conduciendo el vehículo donde se encontraba Zúñiga. Su relato añade un elemento político inédito: “Vi al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, golpear el blindado y al Comandante de la Policía, Álvaro Álvarez Griffiths, subir al vehículo y hablar al oído con Zúñiga”.
Ninguno de esos detalles figuraba en la investigación fiscal ni en los informes del Ministerio de Gobierno.
- El coronel que observó una escena preparada
El coronel Juan Carlos Delgadillo Guzmán, comandante del regimiento Ayacucho, afirmó que antes de la irrupción notó la presencia de periodistas, funcionarios públicos con banderas y policías de la UTOP “sin intervenir”.
“Se escuchaban gritos de ‘Lucho no está solo’. Me pareció extraño, porque la Plaza Murillo estaba llena antes de la llegada de las tropas”, dijo el oficial. Ese testimonio refuerza la hipótesis de que la movilización fue conocida o permitida por autoridades civiles.
- El capitán que vio la interacción con el ministro
El capitán Miguel Ángel Burgos Daza declaró que recibió la orden de dar seguridad a Zúñiga creyendo que se trataba de un simulacro. Aseguró haber sido testigo de un intercambio entre Zúñiga y Del Castillo antes de la colisión del blindado.
Horas después, mientras veía por televisión la posesión de un nuevo alto mando militar, comprendió que la supuesta operación era “algo planificado desde arriba”.
Un informe que incomoda al Ejecutivo
El informe del Senado, aprobado con votos de distintas bancadas, recomienda ampliar la investigación a autoridades del Ejecutivo y cuestiona la omisión del Ministerio Público al no revisar pruebas fundamentales.
Aunque no incluye al presidente Luis Arce entre los posibles investigados, la publicación del documento provocó reacciones dentro y fuera del Gobierno.
Los propios implicados —entre ellos Zúñiga e Iriarte— reaparecieron ante la prensa para acusar al Ejecutivo de haber armado la trama.
En entrevista con radio Erbol, Zúñiga afirmó que la operación fue una puesta en escena “para justificar detenciones de opositores y lanzar la campaña ‘Lucho Presidente’” que un año después se desinflo a pesar del documental del Ministerio de Gobierno emitido en abril, ad portas del inicio de la fase proselitista de la campaña electoral de este año.
“Arce Catacora pretendía quedarse una gestión más y luego entregar el mando a Del Castillo, para gobernar 20 años”, sostuvo. Claro, esto si ganaba las elecciones de este año. El plan tuvo lugar justo un año antes de las elecciones y en medio de la ruptura con el evismo.
El mayor Miguel Iriarte reforzó esa versión: “El Gobierno tenía todo planificado; nosotros solo cumplimos órdenes”.
Respuestas y clima político
El viceministro saliente de Régimen Interior, Johnny Aguilera, defendió la tesis oficial, asegurando que el 26J “fue un intento real de golpe de Estado” y que existen pruebas suficientes contra los militares. “Fue un plan armado desde las Fuerzas Armadas para desestabilizar al Gobierno constitucional”, declaró a la prensa.
Las dudas estallaron en vísperas de la transmisión de mando presidencial del 8 de noviembre, cuando el nuevo mandatario Rodrigo Paz Pereira asumirá el poder. En ese contexto, las revelaciones del Senado y las acusaciones cruzadas reavivan las tensiones entre el saliente Gobierno del MAS y las Fuerzas Armadas, que exigen esclarecer las responsabilidades.
De hecho, los testimonios y las pruebas no revisadas mantienen viva la controversia. El celular del general Zúñiga —desaparecido del proceso— se ha convertido en símbolo de una verdad pendiente.