La Ley 179/2021, sancionada en la Asamblea Legislativa y cuya promulgación está prevista para hoy por el presidente del Estado, amplía la pena de 10 a 20 años de privación de libertad para jueces y fiscales que emitan resoluciones contrarias a las normas. Sin embargo, desde el grupo de juristas independientes consideraron que aumentar penas no es una solución a la reforma judicial, al contrario, se incurre en la sobrecriminalización.
“Creen que aumentando las penas, creando más tipos penales van a satisfacer la demanda de la sociedad cuando en realidad demanda seguridad ciudadana”, sostuvo la abogada Audalia Zurita, miembro del comité impulsor para la reforma de la justicia que exige consensos entre el Gobierno y la sociedad.
El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que con el aumento de pena no se resuelve el problema, pero se da una “señal política” a los administradores de justicia
Lima explicó que la nueva ley permitirá la aplicación la justicia restaurativa y con la que se prevé solucionar el caso del Fondo Indígena que no tiene sentencia.
Zurita explicó que este concepto está vigente en la Ley 1390 y otras normas que promueven la cesación de la persecución penal en delitos patrimoniales que sí puedan solucionarse.
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