El juicio contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo concluyó este martes en su primera instancia y fue condenado por difamación, un delito que no tiene pena privativa de libertad, pero establece multas, aunque tampoco fija el monto. Frank Campero, abogado de la denunciante, dijo que piensan pedir un resarcimiento de 1 millón de dólares por los daños a la honra de su cliente.
“El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de 1 mes a 1 año o multa de 20 a 240 días”, señala el artículo 282 del Código Penal.
En septiembre de 2020 se publicó la denuncia de un rapto de bebé, conocido como el caso de la ‘bebé Samantha’. El 10 de septiembre de aquel año se presentó la persona cuya fotografía fue divulgada y se aseguraba que era la secuestradora. Esta persona resultó ser Lourdes Pacheco, quien ese mismo año presentó una denuncia contra el aún ministro de Gobierno y este minimizó el caso.
Ahora, 5 años y 6 meses después se produjo la sentencia y lo que en un principio era una indemnización de 100 mil dólares se convirtió en 1 millón de dólares. Según el abogado, el delito fue cometido por un funcionario del Estado y desde el puesto de ministro, por tanto, el que debe pagar el resarcimiento es el Estado y allí dirigirán sus demandas.
El abogado defensor de Murillo, Jaime Tapia, dijo que la juez no tomó en cuenta dos aspectos que debieron cambiar el curso del proceso. El primero, es que el caso ya prescribió a los dos años.
“Está absolutamente prescrito, porque este tipo de delitos prescriben a los 2 años y porque no tienen una pena privativa de libertad. Segundo en ese entonces hubo una retractación del señor Arturo Murillo y ahora también se ofreció una disculpa a la señora Pacheco, pero la juez no tomó en cuenta esos aspectos”, dijo el abogado defensor.
Para la defensa, la justicia no está ‘a la altura’ del cambio institucional que se estaba pregonando desde las principales autoridades judiciales. Dijo que su defendido en calidad de ministro solamente dio a conocer una información que recibió de las instancias pertinentes, es decir la Policía que fue la que investigó el caso.